Las obras, denunciadas el 19 de marzo de 2001 por la presidenta de
Amics de la Terra, Hazel Morgan, consistían en la construcción de
un bar-restaurante, presupuestado en 103.508 euros, que fue
levantado a menos de 50 metros de la lengua de mar y para el que se
arrancó parte de un extenso sabinar. Además, según consta en las
diligencias informativas incoadas por la Fiscalía, se excavó,
extrajo y eliminó arena perteneciente al sistema dunar. Para
acceder a la zona donde se produjeron los hechos fue abierto un
camino de acceso y ampliado el sendero existente, bajo el que se
soterraron conducciones de agua y de electricidad.
El fiscal encargado de este asunto, Manuel Campoy, advierte en
el escrito remitido al juez de que según un detallado informe
redactado por los servicios técnicos de la Conselleria insular
d'Urbanisme los terrenos donde se efectuó la obra quedaron
clasificados por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)
como suelo rústico protegido con la categoría de área de protección
territorial, donde figura como «uso prohibido» ese tipo de
edificio. Campoy observa que «pese a todo ello» el Ayuntamiento de
Santa Eulària «concedió licencia para su construcción» en la
Comisión de Gobierno celebrada el 28 de julio de 2000 «en base a un
escueto informe favorable de los servicios técnicos» emitido y
firmado el mismo día de la concesión. El informe favorable no
contenía referencia a las DOT, y tanto ese documento como la
licencia fueron rubricados justo tres días antes de la publicación
en el BOIB de la norma territorial cautelar del Consell. En este
sentido, el fiscal destaca en su escrito la «rápida tramitación»
del expediente: la solicitud de licencia por parte del promotor fue
registrada en el Ayuntamiento el 25 de julio de 2000, tres días
antes de su informe favorable y concesión. La licencia no se
expidió hasta el 12 de agosto.
También ha despertado las sospechas del fiscal que en la
documentación que aportó el promotor el día 25 de julio obra una
certificación registral «fechada un día después», el 26 de julio, y
que el proyecto básico fue visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos también con posterioridad, el día 26 de julio.
Asimismo subraya que pese a esas evidencias el Consistorio no ha
iniciado expediente de revisión de licencia ni sancionador.
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