La Fiscalía ha solicitado al juez que las ocho personas que
solicita sean imputadas por la apertura y utilización de un terreno
de 15.000 metros cuadrados en Cala Tarida como vertedero presten
fianza suficiente «para asegurar las responsabilidades pecuniarias
que pudieran derivarse del pago de los costes de la eventual medida
de saneamiento y rehabilitación medioambiental de la zona».
Asimismo, el fiscal Manuel Campoy, que se ha ocupado de las
diligencias informativas, considera necesario que el juez solicite
un informe pericial medioambiental por si el contenido de ese
vertedero, «por su cantidad, dimensiones, ubicación y ausencia de
medidas de gestión y protección», supone un riesgo «de grave
perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales o la salud
de las personas», y para que determine si el riesgo de deterioro
medioambiental es «irreversible o catastrófico».
La decisión de la Fiscalía fue ayer aplaudida por el presidente
del Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN), Joan Carles Palerm,
quien recordó las constantes denuncias efectuadas por los
ecologistas contra ese lugar: «Aquello -dijo Palerm-, por mucho que
diga el propietario es un vertedero incontrolado que funciona de
manera alegal. Hay una caseta a la entrada, y da la impresión de
que se cobra barato para que se puedan tirar residuos». El
presidente del GEN señaló que para evitar esa situación se debería
encontrar «ya» un lugar apropiado para tirar escombros, pues los
precios actuales para desembarazarse de esos residuos en el
vertedero «clandestino» de Roca Llisa son muy elevados, alrededor
de 180 euros (30.000 pesetas) por camión.
El concejal progresista de Sant Josep Josep Antoni Prats también
se congratuló por la noticia, al tiempo que consideró que sería
factible imputar al Consistorio por «posible negligencia», al haber
permitido durante años la existencia de ese vertedero.
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