El fiscal Manuel Campoy ha pedido que se abran diligencias previas
en el juzgado para establecer si se ha podido cometer un presunto
delito medioambiental en una finca de Cala Tarida de 15.000 metros
cuadrados y con capacidad para 25.000 metros cúbicos en la que se
han vertido de manera incontrolada residuos de todo tipo.
La solicitud del ministerio público se realiza tras haberse
estudiado en la Fiscalía los informes que se demandaron a distintos
organismos a fin de conocer el estado real de la situación.
Los indicios sobre las presuntas irregularidades cometidas en la
zona han sido extraídos tras los informes aportados por el Servicio
de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de
Eivissa, el Consell Insular y la dirección general de Residuos de
la conselleria de Medi Ambient del Govern.
La Fiscalía considera oportuno que para ahondar en esta
investigación se tome declaración en el juzgado a seis personas y a
los responsables de dos sociedades que se cree implicadas en los
vertidos, todos ellos en calidad de imputados. Asimismo se piden
otras pruebas complementarias encaminadas a profundizar dentro de
esta misma investigación que ya quedaría en manos del juzgado al
que le toque instruir esta causa.
La declaración de dichas personas, de igual modo, se considera
necesario para aclarar el presunto grado de responsabilidad de cada
una de ellas y establecer si es necesario solicitar que alguna se
siente en un banquillo para responder formalmente de una acusación
por la posible comisión de un delito medioambiental.
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