La unión temporal de empresas formada por Minuartia Estudis
Ambientals S. L. y Duna Baleares S. L. se encargará de la redacción
de una auditoría ambiental de la isla de Eivissa. La adjudicación
fue publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial de les Illes
Balears y supondrá un desembolso de 58.299 euros a las arcas
insulares, casi 2.000 menos que la base de licitación.
El encargo ha corrido a cuenta del Consell después de que el
pasado año -la partida estaba recogida en el presupuesto de 2001-
ningún ayuntamiento de la isla, ni siquiera el de Eivissa,
presentara un proyecto relacionado con la Agenda Local 21, nacida
en la conferencia de Río de Janeiro celebrada hace diez años y con
la que se pretende que las corporaciones locales impulsen proyectos
de mejora medioambientales.
La auditoría se hará municipio por municipio, y una vez se
disponga de todos los datos serán ofrecidos a los consistorios, lo
mismo que ha hecho la pasada semana el Consell con los índices de
sostenibilidad. En teoría, esa primera fase, la de recogida de
datos, tendría que ejecutarse desde los ayuntamientos, pero ante la
pasividad mostrada la institución insular ha optado por encargar la
auditoría por su cuenta. Conocida esa información, desde las
corporaciones se podrán aplicar políticas medioambientales para
alcanzar una «situación de sostenibilidad», según explicó ayer la
consellera insular de Medi Ambient, Fanny Tur.
La auditoría es un «examen más exhaustivo» de la realidad que
los índices de sostenibilidad, dijo, algo que también se nota en el
precio: estos últimos costaron alrededor de 24.000 euros, mientras
que la auditoría ronda los 58.000.
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