El Colegio Oficial de Aparejadores ha constatado que el incremento
de las sanciones a los constructores por infracciones en materia de
seguridad laboral está obligando a elevar hasta un 10 por ciento el
precio de los pisos para compensar el elevado coste de las multas.
A pesar de que admiten que hay multas justificadas, matizan que
muchas otras se hacen sin haber habido accidentes y sin que el
constructor haya sido advertido y aleccionado de cual es la
infracción a subsanar y cómo debe hacerlo.
El presidente de la asociación profesional, Jose Manuel Prieto,
señaló que su interés y el de su colectivo no es atacar a la
Administración sino solicitar que la labor de la inspección sea
«más de ayuda, de información y formación y menos de sanción».
Esta es una de las conclusiones que se extraen de la jornada
sobre siniestralidad laboral que organizó el Colegio recientemente
con la participación de todas las partes implicadas en salud y
riesgos laborales (constructores, sindicatos, técnicos y
administraciones).
Las conclusiones recalcan que, además del carácter sancionador y
crítico de la Administración, «sería interesante un acercamiento
que ofreciera o propusiera soluciones viables para los sistemas
constructivos o, cuando menos, indicar formas de actuación o
protocolos en los diferentes casos».
Otras propuestas que lanzan a la Administración son proponer la
sanción al trabajador «bajo la perspectiva de que él es el primer y
más interesado en la colocación de los dispositivos de seguridad ya
que es su vida la que está en juego»; conseguir para el trabajador
la cartilla profesional y conseguir para el constructor
documentación de calificación empresarial.
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