La Conselleria insular de Medi Ambient está elaborando un informe
para determinar si las modificaciones efectuadas hace un año en las
motas de ses Salines por parte de la empresa Salinera Española son
legalizables. El Consell abrió en julio de 2001 un expediente de
disciplina urbanística a esa sociedad por haber llevado a cabo unas
obras que habían comportado una sustancial modificación morfológica
de los diques que separan los estanques, circunstancia expresamente
prohibida por la ley que convirtió ese paraje en Reserva Natural.
Empero, la empresa alegó que esas intervenciones eran precisas para
el mantenimiento de la actividad extractiva de la sal.
Un portavoz de la institución insular explicó que el informe
debe dirimir si a pesar de que los trabajos se realizaron sin
licencia «son legalizables o no». En el Consell también están
pendientes de lo que al respecto se diga en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN) de ses Salines, que deberá ser
aprobado en las próximas semanas por el Consell de Govern (la
consellera Margalida Rosselló prometió que sería en mayo) y en el
que se debe especificar qué tipo de modificaciones de las motas se
permiten. Las que motivaron la denuncia del Consell tenían, antes
de la intervención, 1'2 metros de ancho, y entre cinco y ocho
metros después.
La altura también pasó de 20 centímetros a un metro, según
figuraba en el expediente abierto por el Consell, aunque esos datos
fueron calificados como incorrectos por Salinera Española. El
director de esa empresa confirmó el año pasado que las obras se
habían desarrollado sin permiso ante la tardanza de la
Administración a concederlo: «Nosotros no podemos estar pendientes
de eso, tenemos que producir sal», dijo.
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