El grupo popular «no presentará reclamaciones» a los presupuestos
del Consell para el año 2002, según anunció ayer el presidente del
PP y próximo conseller de esa formación Josep Juan Cardona. Hoy se
cumple el plazo de 30 días (establecido tras el pleno en el que la
presidenta Pilar Costa pérdió la cuestión de confianza) por el que
si ningún grupo presenta una moción de censura los presupuestos
quedan aprobados.
Se abre ahora un periodo de exposición pública, previo anuncio
en el BOIB, durante quince días hábiles en el que cualquier
ciudadano puede presentar reclamaciones. El PP no lo hará, pero el
conseller del grupo mixto, Joan Buades, sí, según ha anunciado.
Juan Cardona explicó ayer que el PP no presentará reclamaciones
porque no tiene la intención de «bloquear los presupuestos»,
circunstancia que, entre otras cosas, perjudicaría a los
trabajadores del Consell.
No obstante, Juan Cardona considera que «con seis meses de
retraso, al equipo de Gobierno no le queda tiempo para
ejecutarlos». Aunque cree que en su mayor parte «no reflejan los
intereses de los ibicencos», los populares habrían apoyado algunos
proyectos progresistas (como el centro deportivo de Sant Antoni o
el de la tercera edad de Santa Eulària) si les hubieran pedido
consensuarlos, dijo ayer el presidente del Partido Popular.
Respecto a si las cuentas quedan hoy definitiva (como se dice
desde el Pacte) o inicialmente aprobadas (como, en diferentes
acepciones, se indica desde el grupo mixto y el popular), el PP
dispone de un «dictamen» elaborado por un letrado y diplomado en
Administración local en el que se asegura que respecto a lo que se
indica en el artículo 197 bis 5 de la ley orgánica de Régimen
Electoral General, «la aprobación del proyecto de los presupuestos
anuales ha de entenderse como provisional o inicial, debiéndose
continuar la tramitación por los cauces normales».
En primer lugar, se deberán poner en exposición pública , previo
anuncio en el BOIB, durante dos semanas. Los presupuestos serán
considerados «definitivamente aprobados» si no se presentan
reclamaciones. En caso contrario, el pleno del Consell «dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas». Las reclamaciones se
considerarán denegadas «si no se resolviesen en el acto de
aprobación definitiva», durante el pleno.
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