El Consell denunció ayer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) la continuación de la construcción de unas viviendas
en Cap Llentrisca sobre las que pesa una orden de suspensión
decretada por la institución el 4 de mayo del año 2000.
Asimismo, la institución insular se ha dirigido a la Conselleria
balear de Medi Ambient para poner en conocimiento de su máxima
responsable, la verde Margalida Rosselló, la situación en que se
encuentran esas obras y para recordarle el «procedimiento para
hacer efectivo el cumplimiento de la orden emanada desde esa
Conselleria para paralizar los actos que supongan la transformación
de la realidad del área de Cala d'Hort», según se explica en una
nota de prensa remitida por el Consell.
Las obras fueron suspendidas en 2000 por la «nulidad de pleno
derecho de las licencias en que se basaban», «por falta de un
cartel anunciador con los requisitos legales» y por aplicación,
preventiva, de lo que comportaba la orden (de 4 de agosto de 1999)
de protección cautelar del área de Cala d'Hort y su entorno, «ya
que la Conselleria de Medi Ambient del Govern no lo hizo», se
subraya en la denuncia ante la Fiscalía.
Contra ese acuerdo recurrieron el Ayuntamiento de Sant Josep y
Armando González-Orejas, su promotor y propietario, pero la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJ mantuvo la paralización de
las obras. En la denuncia ante la Fiscalía se pide que se depuren
las supuestas responsabilidades penales de quienes han violado de
manera «reiterada y absoluta» el mandato de paralización, y al
mismo tiempo se advierte de que del régimen jurídico del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cala d'Hort,
aprobado el 15 de febrero, «se deriva que las obras de Cap
Llentrisca son del todo prohibidas y que debe procederse a su
demolición».
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