El Govern balear acordó ayer en Consell de Govern interponer un
recurso contencioso administrativo contra la resolución de la
Secretaría General de Medio Ambiente sobre la evaluación del
impacto ambiental del proyecto de extracción de arena en la zona de
sa Talaia (Sant Joan), que empezó el jueves. Esta resolución del
Ministerio de Medio Ambiente, publicada en el BOE del pasado 15 de
abril, considera que no es necesario someter el proyecto al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en contra de lo
que reclama el Ejecutivo autonómico. El Govern solicita asimismo,
según explicó ayer mismo el presidente Francesc Antich, que se
suspenda la ejecución de la resolución impugnada. «Pedimos que se
paralice la extracción de arena en sa Talaia y se continúe con el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental iniciado en 1998»,
reclamó el jefe del Ejecutivo autonómico.
Antich recordó que el proyecto de extracción de arena data de la
década de los 90. «En 1998 se inició el proceso para someter el
proyecto al estudio de impacto ambiental, pero de las 10 respuestas
recibidas a las consultas preceptivas nueve fueron desfavorables o
reclamaron mayor información», señaló. Sólo el Ayuntamiento de
Santa Eulària mostró su conformidad. El departamento de Ciencias de
la Tierra de la UIB, la Cofradía de pescadores de Eivissa, el
Instituto Español de Oceanografía y, entre otros, el propio
Ministerio de Agricultura y Pesca se opusieron frontalmente o
reclamaron más datos para poder manifestarse.
El Govern mantiene que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la
obligación legal de resolver el procedimiento iniciado en el 98. El
presidente Antich cree que el Ministerio de Medio Ambiente decide
ahora recuperar el proyecto anterior con la excusa de reponer los
daños del temporal, considerándolo una obra de emergencia y
evitando así los trámites de aprobación del estudio de impacto
ambiental. «No nos oponemos a arreglar los daños del temporal. Que
quede claro que todo lo que sea la recuperación de las playas,
dentro de la declaración de emergencia, está fuera de este recurso.
Pero no podemos permitir al Ministerio que aproveche esta situación
de emergencia para llevar adelante un proyecto anterior»,
subrayó.
Por su parte, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) ha puesto
este caso en manos del Fiscal Jefe de Medio Ambiente, Adrián
Salazar. Los ecologistas piensan que la Dirección General de Costas
podría incurrir en un delito contra el medio ambiente, tipificado
en el Código Penal, por lo que reclaman la inmediata paralización
de los trabajos de extracción en el banco de arena de sa Talaia.
Además, el GEN avisa de que si se vierte arena en alguna playa que
no esté incluída en el estudio del Imedea y la Universidad de
Valencia (Aigua Blanca, es Figueral y s'Arenal en Sant Antoni)
denunciarán esta vez los hechos ante el juzgado.
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