El equipo de gobierno de Santa Eulària aprobó en la comisión de
Gobierno celebrada a finales de febrero la concesión de 27
licencias urbanísticas, después de estar medio año negándose a dar
permisos de obras a causa de la supuesta ilegalidad del Plan de
Delimitación de Suelo Urbano (PDSU). El Ayuntamiento dio en esta
comisión de Gobierno luz verde a la construcción de un complejo
recreativo donde se instalarán unos multicines y boleras en cas
Capità. Según el informe técnico, este proyecto cumple los
parámetros urbanísticos de la manzana calificada como equipamiento
cívico-social del Plan Parcial de cas Capità, salvo un edificio que
se debe ajustar a los 12 metros de altura máxima que permite dicho
plan.
El equipo de gobierno aprobó además la concesión de licencia
urbanística a dos proyectos de instalación de red de baja tensión,
cinco de construcción de viviendas unifamiliares, siete
modificaciones de proyectos de viviendas, seis reformas y
ampliaciones también de viviendas unifamiliares, tres edificios de
viviendas y apartamentos, locales y garajes y una construción y una
reforma de una nave industrial.
Estos permisos de obras se concedieron dos semanas antes de la
celebración del pleno del Ayuntamiento, en el que la oposición
reclamaba la dimisión del alcalde, Vicent Guasch, y del teniente de
alcalde, Vicente Riera, como máximos responsables del caos
urbanístico en que se encuentra sumido el municipio desde que en
1988 se aprobó el PDSU. Asimismo, actualmente ya hay varias
sentencias judiciales que han puesto en tela de juicio la legalidad
de la delimitación, hecha a medida del Ayuntamiento después de que
la Comisión Provincial de Urbanismo recortara drásticamente los
parámetros que aparecían previamente en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
El edil del Pacte Progressista, Carlos Salinas, dijo antes del
pleno, que se celebró el lunes 11 de marzo, que había entre 500 y
800 peticiones de obras paralizadas en el Ayuntamiento a causa de
la incertidumbre que hay sobre la legalidad del PDSU. Los
progresistas también advirtieron de que mientras siga vigente el
PDSU, los ciudadanos continuarán pidiendo licencias urbanísticas
amparados en el controvertido plan. La concesión de estos permisos,
según la oposición, puede dar pie a multimillonarias reclamaciones
en cuanto el actual planeamiento sea sustituido por un nuevo
PGOU.
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