25/03/02 0:00
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J. M. R. Las cifras que el Consell maneja sobre establecimientos de turismo rural que operan en las Pitiüses están muy alejadas de la realidad, tal como quedó el sábado de manifiesto durante la mesa redonda sobre ese tipo de oferta que organizó el Ayuntamiento de Sant Joan y a la que asistieron alrededor de 40 personas. El zaragozano Manuel Maynar, consultor turístico de recursos rurales invitado a la charla, explicó que en el limbo de Internet ha localizado diversas páginas web que ofertan 23 casas y 13 hoteles rurales, cantidad que triplica la que aportó minutos antes el conseller insular de Turisme, Josep Marí Ribas, Agustinet, quien con las cifras oficiales en la mano indicó que en las Pitiüses sólo hay 10 establecimientos legalizados (lo que supone 143 plazas) y «tres o cuatro proyectos más en marcha» , con lo que la oferta legal podría alcanzar las 200 plazas.

Maynar señaló que «algo ocurre para que exista esa oferta ilegal». A su juicio, ese algo podría ser la normativa que regula el turismo rural, «que mete en la ilegalidad» a todo ese tipo de alojamientos.

El propio conseller de Turisme admitió que la ley al respecto está hecha a la medida de Mallorca, mientras que resulta difícil de cumplir en Eivissa debido a que tanto el tamaño de las parcelas (para un establecimiento de agroturismo se necesita un mínimo de 25.000 metros cuadrados, mientras que para un hotel rural se requieren 50.000 metros cuadrados) como el de las viviendas difícilmente alcanzan el mínimo exigido: «Se tenía que haber hecho una excepción para que se permitiera hacer ampliaciones en Eivissa», dijo Marí, pues el número de habitaciones de los alojamientos pitiusos es tan escaso que es difícil obtener rentabilidad de esos negocios. Pese a ser consciente de esa necesidad, el conseller dijo que sólo se emprendería una iniciativa para cambiar la ley si hubiese un clamor generalizado. El problema, según manifestó Maynar, es que ese clamor es difícil que se dé mientras los propietarios de los establecimientos rurales pitiusos sigan sin agruparse en una asociación que vele por sus derechos.