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El juez instructor del «caso Formentera», Antoni Monserrat, arranca su auto de 22 folios con un extenso alegato en contra de lo que define como «juicio paralelo, de gran intensidad y con interferencia constante en los presentes autos». «El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tiene declarado, en efecto, que los llamados «juicios paralelos» son un grave ataque a la democracia, por atentar directamente contra uno de los pilares fundamentales: la división de poderes», señala en su escrito el magistrado, quien recuerda al fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor, que él también pretende «promover la acción de la Justicia».

Denuncia, asimismo, la existencia de un «juicio paralelo» a la instrucción de la causa, que «dificulta gravemente la labor judicial y conculca la presunción de inocencia de quienes se ven sometidos a tamaños ataques». A su entender, desde un principio este caso ha estado sometido a «una tremenda campaña mediática, de alcance nacional, que claramente da por sentada la culpabilidad de los imputados -y de los que se pretende imputar ante el Tribunal Supremo-, que no ha tenido reparos en incurrir en lo denunciado por el Tribunal Constitucional».

El juez se refiere a los «informes» de Miquel y Maria de la Pau Segura en los siguientes términos: «El máximo principio de prueba incriminatoria que obra en autos está constituido por los llamados «informes» de Miquel Segura y de su hija Maria de la Pau. Si embargo, no puede olvidarse que tanto uno como otro han declarado reiteradamente: a) no reconocer dichos documentos en el formato en que fueron aportados por un medio de comunicación, el mismo que se ha destacado por su desaforada toma de partido hacia las tesis de la acusación, haciendo uso de toda clase de medios, incluyendo calumniosas e impertinentes alusiones hacia el mismo instructor y sus familiares; b) no reconocer los encabezamientos que figuran en esos documentos, que los intitulan de «informes» dirigidos supuestamente a determinadas personas contra las que se pretende dirigir la acusación; y c) que, a ambos, dichos documentos les fueron sustraídos de los respectivos ordenadores portátiles de uso privado».

«Por otra parte», añade, «no puede caer duda razonable alguna de que los documentos les fueron sustraídos... Si el descubrimiento de los documentos se hubiera producido en un entorno lícito, es claro que quien los hubiera detectado habría debido ponerlos en conocimiento o bien de sus superiores jerárquicos, o del Ministerio Fiscal, o en su caso, del Juzgado de Instrucción. La utilización del anonimato, casi siempre vil y cobarde, unida a la instrumentalización por determinados personajes afines, en lugar de dirigirse a quienes están legitimados por la Ley, hace que deba observarse con suma cautela esa supuesta prueba».

Una supuesta importante reunión. El auto señala que «se ha pretendido dotar de una gran importancia a una reunión que habría tenido lugar entre el presidente Jaume Matas, los consellers Rosa Estaràs, Josep Juan Forcades y Maria de la Pau Segura». Y añade: «De esta reunión se resalta la extrañeza que produce la presencia de la Sra. Segura y la producción de dos documentos, aportados igualmente por vías extrañas, ajenas a la voluntad de sus autores, del que destaca el llamado 'organigrama' que habría redactado el señor Matas y que habría sido copiado y alterado levemente por la Sra. Segura. La celebración de una reunión en Presidència del Govern nada tiene de extraña. Monserrat subraya, en este punto, que «todas las acusaciones son producto de especulaciones, conjeturas y lucubraciones, sin asomo de prueba de ilícito penal alguno. Es inverosímil y absurdo pensar en una reunión» de ese tipo «para organizar una trama delictiva».