Cuando falta poco menos de tres meses para que se inicie la campaña
de pesca del atún rojo en el Mediterráneo, WWF/Adena lanza una
nueva advertencia sobre los peligros que comporta la
sobreexplotación a que se ve sometida la especie y la imposibilidad
de regular y controlar las llamadas granjas de atunes situadas.
Esta denuncia se suma a las que periódicamente efectúan
organizaciones como Greenpeace o, en el ámbito local, el GOB de
Formentera, que en repetidas ocasiones han alertado de los riesgos
de la captura masiva de túnidos en nuestras aguas.
Adena afirma que el pasado año las 12 granjas de atún existentes
en el Mediterráneo produjeron 11.000 toneladas, cuando hace cinco
años prácticamente no existía esta producción. Esta cantidad
representa más de la mitad de todo el atún que se comercializa
anualmente en el mundo y, paradójicamente, muchas de ellas reciben
subvenciones de la UE al amparo de la Política Pesquera Común. El
problema radica, según los expertos de Adena, en que las granjas no
parten de alevines criados en cautividad, sino de ejemplares
extraídos de la población que vive en libertad, capturados y
trasladados en grandes jaulas hasta las granjas para su engorde.
Esto significa que se retiran del medio natural gran cantidad de
ejemplares antes de que puedan reproducirse y contribuir a mantener
un precario equilibrio sobre una especie que cada vez cuenta con
menores efectivos.
Paolo Guglielmi, de la Oficina Mediterránea de WWF/Adena declaró
recientemente que «el atún rojo se ha convertido en una suerte de
caviar del Mediterráneo, desatando una auténtica fiebre del oro».
«De no remediarse -dijo Guglielmi-, el atún rojo desaparecerá
completamente de nuestro mar en muy pocos años, y su recuperación
podría ser imposible». En este sentido, Simon Cripps, director del
programa internacional de mares amenazados de WWF/Adena puntualizó
que «el atún rojo, una especie altamente migradora, se encuentra
amenazado por la pesca directa en el Mediterráneo» para añadir que
las granjas de atunes, situadas en España, Italia, Malta y Croacia,
evaden todas las regulaciones y controles internacionales que
intentan conservar las pesquerías.
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