Los responsables de los supermercados Diskont Ibidis S.A dejaron
morir a la empresa. Esta es la conclusión que se extrae de las
razones que ha presentado la Dirección General de Treball del
Govern para denegar a esta cadena la solicitud de extinción de
contratos de 45 trabajadores de sus centros en Eivissa. «Inspección
de Trabajo dice que Ibidis S.A podía haber sido rentable si no se
hubiese dejado morir», señaló ayer el secretario general de la
Federación de Comercio de UGT en las Pitiüses, Fernando Fernández,
que añadió que la empresa no cerró por falta de beneficios sino por
«dejadez», ya que contaba «con una facturación anual de 18 millones
de euros (3.000 millones de pesetas)», aseveró.
La resolución del Govern supone que la empresa «debería reabrir
sus centros de trabajo», aunque Fernando Fernández reconoció ayer
que «es muy poco probable» que esto se produzca. Hoy por hoy «ha
quedado demostrado que los trabajadores tienen derecho a trabajar
para estos centros», señaló el sindicalista que compareció ayer en
la sede del sindicato acompañado por los miembros del comité de
empresa de los centros. Precisamente con el objetivo de reclamar
sus puestos, los trabajadores de Diskont se concentrarán mañana a
partir de las 11'00 horas de la mañana en los Diskont de Fray
Vicente Nicolas, ses Figueretes y Can Bellotera.
A pesar de esta buena noticia para los trabajadores que
reivindicaban sus derechos y denunciaban que sus despidos habían
sido improcedentes, UGT señaló ayer que no descartan emprender
otras vías como la judicial, dada «la negligencia de los
administradores de la empresa en este caso». Fernández, que
calificó la actitud de la empresa de «desidia», aseguró que el
propietario de la misma, Francisco Miró, conocía la existencia de
un plan de viabilidad para mejorar los beneficios de la empresa que
hubiese consistido en cerrar ocho de los centros con los que cuenta
en Eivissa e invertir 1'8 millones de euros (300 millones de
pesetas). Si se hubiese seguido esta vía se hubiesen salvado al
menos 30 puestos de trabajo.
Otra de las quejas contra Ibidis S.A. que presentó ayer el
comité de empresa fue el hecho de que los trabajadores no hayan
cobrado la diferencia entre el subsidio de desempleo y el cien por
ciento de su salario desde el cierre definitivo hasta enero, un
compromiso efectuado por Ibidis. La empresa debe a los trabajadores
por este concepto unos 48.000 euros (ocho millones de pesetas). El
comité de empresa no admitió en ningún momento que el cierre de la
cadena se hubiese debido a causas económicas (falta de beneficios
por presión de otras cadenas de supermercados) tal y como alegó la
empresa propietaria de la cadena cuando se determinó el fin de su
actividad. «No fue la falta de beneficios sino la falta de buena
gestión de los ingresos que obtenían los establecimientos»,
argumentaron, razón que finalmente ha sido corroborada por la
Direcció General de Treball.
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