El Govern balear ha presentado un recurso ante el Tribunal
Constitucional (TC) para defender la constitucionalidad de la
moratoria de grandes superficies comerciales, una prohibición que
obtuvo el visto bueno de todos los partidos de las Islas en el
momento de su aprobación (diciembre de 2001). La directora general
de Comerç del Govern balear, Antònia Allés, informó ayer en Eivissa
acerca del contenido de este recurso redactado por el departamento
jurídico de la Caib, que se basa en que el Abogado del Estado no
está legitimado para presentar este recurso de inconstitucionalidad
y, en segundo lugar, en que su argumentación es incorrecta.
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Sampol, recordó
ayer en Palma que el próximo mes de marzo el TC decidirá si levanta
la actual suspensión que existe sobre la Ley de Comercio de Balears
(un texto diferente a la moratoria), tras otro recurso presentado
por el Gobierno del PP a diez preceptos de este documento. Sampol
se mostró confiado en que el Supremo levantará esta suspensión y,
por tanto, se podrá aplicar la Ley del Comercio, aprobada por el
Parlament en junio de 2001. Su entrada en vigor, recordó el
conseller, asegurará que no se puedan abrir más grandes superficies
comerciales en el archipiélago.
Tanto el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la
moratoria por el Abogado del Estado como la suspensión de la Ley de
Comercio demuestran, a juicio de Sampol, que «este tema es
político» y quiso recordar a los pequeños y medianos comerciantes
de las Islas que el Ejecutivo balear pretende evitar la apertura de
nuevas grandes superficies comerciales, mientras que, por el
contrario, el «Gobierno del PP de Madrid y también el ministro
Matas quieren más».
A pesar de esta afirmación, el Partido Popular en el Consell de
Eivissa acaba de presentar una moción en la que solicita un acuerdo
para comenzar a redactar un Plan Director Insular de Equipamientos
Comerciales, que se incluya dentro del Plan Territorial Insular,
cuyo «punto fuerte» es la limitación del tamaño de los
establecimientos comerciales que se implanten en los municipios
pitiusos. Además, solicitan que se acuerde una norma territorial
cautelar que permita evitar situaciones contradictorias con la
futura ordenación comercial, «especialmente en lo referente a
ocupación y dimensiones de los establecimientos comerciales».
En la moción, los populares hacen referencia a una doble
necesidad que justificaría la redacción de este plan. Por un lado,
la de clarificar la complicada situación legal en la que se
encuentra el sector comercial de las islas, y, por el otro, la de
dotar a cada isla de un instrumento de ordenación territorial que
regule el comercio.
Comercios de entre 250 y 800 m2
La moción que ha presentado el partido popular para que el pleno
del Consell apruebe realizar un Plan Director Insular de
Equipamientos Comerciales incluye una propuesta concreta sobre
cuáles deben ser las limitaciones de superficie de las grandes
superficies en Eivissa y Formentera. Así, proponen que en
poblaciones de hasta 3.000 habitantes la superficie de venta sea
como máximo de 250 m2; de 400 m2 para las de entre 3.001 y 10.000;
de 600 m2 para las de entre 10.001 y 20.000 y de 800 m2 para las de
más de 20.000 habitantes.
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