Las polémicas obras de urbanización en el barrio de ses Torres ya
están concluidas. Han pasado tres meses desde que Esquerra Unida
(IU) presentara denuncia penal ante la Fiscalía contra todo el
equipo de gobierno de Santa Eulària por lo que consideró una burda
manera de autorizar la construcción en suelo rústico pero, hasta el
momento, la Justicia no se ha pronunciado mínimamente sobre estos
hechos. El diputado de IU Miquel Ramon reconoció la preocupación de
su formación ante la posibilidad de que la empresa propietaria de
los terrenos pueda solicitar licencias de construcción.
Fuera cual fuese el pronunciamiento del Ayuntamiento, que en los
últimos meses parece haberse abstenido de conceder nuevos permisos
de edificación a la vista del enorme embrollo legal en el que se
encuentra, la coalición de izquierdas se teme que acabará
costándole dinero a la institución. IU denunció a mediados de
octubre el «torticero» procedimiento llevado a cabo por el
Consistorio para dar el visto bueno a una urbanización que, en
opinión de este partido, es absolutamente inviable. Las
irregularidades detectadas por esta formación son múltiples y
también han sido denunciadas públicamente por el grupo municipal
progresista.
Para empezar, porque todas las autorizaciones parten del Plan de
Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) que el Ayuntamiento ha
utilizado desde 1988 como elemento de planeamiento. Este
instrumento, sin embargo, ha sido considerado nulo de pleno derecho
por los tribunales. Pero, además, porque el equipo de gobierno
ignoró que los terrenos de ses Torres estaban clasificados como
rústicos no urbanizables, pese a lo que se aprobó un estudio de
detalle y un posterior proyecto de urbanización. Por todo ello, IU
entendió que la situación desbordaba el ilícito administrativo y
entraba de lleno en el ilícito penal.
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