Contencioso contra el Ayuntamiento de Sant Josep por una obra del alcalde

El objetivo del Pacte es que el TSJ obligue a realizar la totalidad de los actos administrativos que los progresistas, mediante el ejercicio de la acción pública, solicitaron al Ayuntamiento el pasado 14 de marzo y que hasta el momento o no se han emprendido o cuya ejecución no se ha informado, a saber: por qué no se procedió a la paralización de los trabajos (ya concluidos); si algún informe corrobora que excedían la licencia otorgada; si la construcción «puede ser legalizable o no», y si se ha identificado a los titulares de la obra.

Los concejales del Pacte Progressista consideran que la ampliación de la nave es ilegal, por dos motivos: en primer lugar, porque el Consistorio sólo concedió una licencia de obra menor, a pesar de que las mejoras efectuadas han afectado sensiblemente tanto al volumen de la nave como a su estructura, para lo cual se hubiera necesitado una licencia de obra mayor; por otra parte, señalan que la ampliación ha liquidado los tres metros de lindero establecidos en las Normas Subsidiarias (NN. SS.), circunstancia por la que, de partida, esa actuación era ilegalizable y, por tanto, el Consistorio nunca tendría que haber dado licencia alguna, según arguyó ayer en rueda de prensa el portavoz progresista Josep Marí Ribas, Agustinet, firmante del recurso contencioso-administrativo.

En caso de que el TSJ crea conveniente aceptar el recurso, el Consistorio deberá actuar, informar sobre la legalidad de la obra y, posiblemente, razonar por qué no la paralizó.