Representantes de las ocho asociaciones de vecinos y de empresarios
que conforman el movimiento cívico de Sant Antoni se reunieron el
pasado jueves con el concejal de Gobernación, José Juan Ferrer,
para plantearle seis medidas destinadas a mejorar el orden público
en la bahía durante la próxima temporada. La principal es la
«completa erradicación» de la venta ambulante, que el pasado verano
«se desmadró» causando mala imagen y molestias a residentes y
veraneantes, además de representar una seria competencia desleal
para los comercios.
También exigieron al concejal el cumplimiento de los horarios de
cierre «para que los turistas y habitantes del municipio puedan
descansar y permitir que se lleve a cabo la limpieza de las calles
de la localidad». Respecto al desorden, consideran que se debe
prohibir el consumo de bebida y comida en la vía pública», aumentar
la vigilancia y reorganizar la Policía Local para que no se
concentre únicamente en el West End.
Otra propuesta consiste en que ese exija a los titulares del
mercadillo artesanal que sólo vendan productos manufacturados por
el propietario del puesto, así como cambiar el emplazamiento actual
y situarlo junto a la iglesia para ambientar esa zona «abandonada».
Además, piden que se erradiquen prácticas como el boca a boca, las
ofertas 2 por 1 y los pub crawls, y que se retiren las cabinas
telefónicas.
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