El Consell Insular hará «un seguimiento de todas las licencias
urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento de Santa Eulària para
comprobar que se adaptan a la legalidad», según acordaron ayer en
pleno el grupo progresista, que gobierna la institución, y el único
miembro del grupo mixto, el ecologista Joan Buades. Además, según
queda reflejado en un punto que fue rotundamente rechazado por el
grupo popular, «el Consell tendrá que impugnar por vía
administrativa todas aquellas que, según el criterio de los
servicios jurídicos, sean contrarias a la legislación urbanística
de aplicación en cada caso, incluyendo especialmente el caso de la
urbanización ses Torres».
Además, el pleno decidió dirigirse al Consistorio para instarlo
a modificar su planeamiento urbanístico de acuerdo con las actuales
normativas, pero se rechazó la propuesta de Buades de iniciar un
procedimiento para dejarlo temporalmente en suspenso.
Los progresistas y el ecologista coincidieron en opinar que la
situación urbanística de este municipio es especialmente compleja y
necesita de soluciones urgentes. Por su parte, Antoni Marí Calbet,
como portavoz de la oposición, mantuvo que el Consell no debería
enfrentarse con un ayuntamiento en un momento en el que se redacta
el Plan Territorial Insular y consideró suficiente el informe
jurídico a expertos que ha solicitado el alcalde de Santa Eulària
para saber cómo actuar.
El pleno también aprobó una moción defendida por Santiago Ferrer
en la que se insta al Gobierno central a iniciar conversaciones con
el Govern balear para incrementar las subvenciones que reciben los
residentes de Balears cuando utilizan el avión. Como otras mociones
del día, recibió un apoyo unánime.
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