La Comisión Insular de Urbanismo (CIU) decidió ayer instar al
Ayuntamiento de Santa Eulària a suspender la vigencia del Plan de
Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) y a revisar todas aquellas
licencias que hayan sido concedidas al amparo de dicho instrumento
urbanístico. Teniendo en cuenta que el PDSU fue aprobado en junio
de 1988, el Ayuntamiento debería revisar los permisos otorgados en
los últimos trece años, a excepción de aquellos casos que hayan
prescrito.
La presidenta del Consell Insular y también de la CIU, Pilar
Costa, explicó ayer que dicha decisión se adoptó a la vista del
informe que han elaborado los juristas de la institución. Dicho
informe se remitirá el próximo lunes al Ayuntamiento de Santa
Eulària, al que el Consell se ofrece a prestar toda su ayuda
técnica y jurídica «para aclarar este guirigay urbanístico», como
calificó ayer Costa el problema.
En concreto, la CIU plantea a Santa Eulària que debe dejar de
utilizar el PDSU para conceder licencias, que debe revisar el acta
de la sesión en la que se aprobó este instrumento urbanístico y
suspender su vigencia y que debe revisar todos los acuerdos
adoptados siguiendo los criterios de la norma cuestionada. El hecho
de que el PDSU haya sido considerado nulo de pleno derecho por una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, aunque no
se diga explícitamente en el fallo y sí en los fundamentos de
derecho, es razón suficiente para adoptar estas decisiones, opinan
los juristas, máxime cuando esa misma interpretación se ha
mantenido en otro auto judicial.
El conseller insular d'Ordenació del Territori, Josep Marí
Ribas, opinó que da la «sensación de que el Ayuntamiento de Santa
Eulària, implícitamente, reconoce que hay cierto lío urbanístico».
«Confiamos en que haga caso a la Comisión Insular de Urbanismo.
Sería un error seguir dando licencias, porque serían anuladas por
los tribunales», manifestó el conseller, recordando que alguno de
estos permisos ya ha sido revocado por los tribunales.
Según Costa y Marí Ribas, en este caso el Consell no tiene
capacidad para subrogarse las competencias municipales y, además,
no es lo más deseable. Ambos comentaron que sería mucho más
positivo que se estableciera una línea de colaboración entre ambas
instituciones para que se haga cuanto antes una revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) en el marco del futuro Plan
Territorial Insular (PTI).
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