El diputado Miquel Ramon, en nombre de Esquerra Unida (IU),
presentó ayer ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Balears la denuncia penal contra el alcalde de Santa
Eulària, el resto de los miembros del equipo de gobierno, el
aparejador y el secretario de la Corporación por la posible
comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
La denuncia explica cómo el pasado 3 de agosto de 2000 el pleno
del Ayuntamiento aprobó el proyecto de urbanización de la zona de
ses Torres cuando dichos terrenos están calificados como suelo no
urbanizable (rústico) por el vigente Plan General de Ordenación
Urbana. IU argumenta que el equipo de gobierno, asesorado por sus
técnicos, tomó «a sabiendas de su injusticia» una decisión que era
manifiestamente ilegal. Esta acción, dice la denuncia, «solo puede
obedecer a una decisión arbitraria, contraria a la razón y a la
Ley, dictada por capricho, ausente de todo fundamento y que de
forma patente y clamorosa infringe el ordenamiento urbanístico,
constituyendo un ataque frontal a los intereses generales de
preservación del territorio». El siguiente párrafo califica la
actuación de los responsables municipales de «evidente, flagrante,
e incluso grosera y esperpéntica transgresión de las normas
urbanísticas».
La coalición de izquierdas es consciente de que no todos los
días se interpone una denuncia penal por un supuesto delito
ecológico. Su objetivo es que la Fiscalía abra diligencias a la
vista de lo establecido en el artículo 320 del nuevo Código Penal y
solicita que, además de admitirse a trámite la denuncia, se pida al
juez instructor que tome medidas cautelares ante la rapidez con la
que avanzan las obras de la urbanización. De hecho, IU se ha
decidido por esta vía a la vista de lo lentos que suelen ser los
procedimientos administrativos.
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