El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària reconoce
que actualmente pueden existir dudas sobre la legalidad del que ha
sido durante más de diez años su principal instrumento urbanístico,
pero considera que todas sus actuaciones están ajustadas a Derecho
y no tiene intención alguna de revisar licencias.
El Consistorio se siente presionado por los mensajes y
advertencias que le han llegado a través de los medios de
comunicación procedentes de Esquerra Unida o el Consell Insular.
Así lo reconocieron ayer el alcalde, Vicent Guasch, y el teniente
de alcalde y responsable de Urbanismo, Vicent Riera, quienes
explicaron que en este clima «es muy difícil trabajar». Aunque
ambos se mostraron confiados en la legalidad de todas las
actuaciones urbanísticas, sí anunciaron que se solicitará un
dictamen a algún gabinete de expertos para «que hagan un
diagnóstico de la situación urbanística actual del municipio». Y se
mostraron convencidos de que este dictamen no hará más que
corroborar su versión.
El equipo de gobierno de esta institución, en manos del Partido
Popular, está muy molesto por el hecho de que se esté hablando del
Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) como si hubiera sido
declarado nulo de pleno derecho por los tribunales. Torres
reconoció que una sentencia así lo dice en sus fundamentos de
derecho, pero destacó que el objetivo de dicho fallo judicial no
era determinar la legalidad del PDSU sino analizar un caso
concreto. El PP defiende que esta normativa es mucho más
restrictiva que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que
gracias a su aplicación se ha conseguido restringir de cierta
manera el crecimiento del municipio. Y, además, puntualiza que ya
no se dan licencias en función de lo que dice el PDSU, sino
siguiendo los criterios de otras normativas.
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