Representantes del movimiento cívico que aglutina a ocho
asociaciones de Sant Antoni se reunieron ayer con el alcalde,
Antoni Marí Tur, y con los concejales de Gobernación y Medio
Ambiente, José Juan Ferrer y José Ramon Serra, para expresarles la
necesidad acuciante de que se dé un giro a la situación de
inseguridad y caos que padece la población durante el verano, que
ha puesto en pie de guerra a los vecinos y comerciantes.
Al término del encuentro, que duró dos horas y se celebró en el
Consistorio, los miembros de las asociaciones decidieron no dar su
parecer hasta el próximo sábado, mientras que el alcalde reiteró la
opinión ofrecida el sábado pasado: la solución a los problemas de
Sant Antoni pasa por un incremento de la presencia de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional, si bien admite que es difícil que
la localidad vuelva a contar con efectivos de este último cuerpo.
Marí también reconoció su culpa por no haber hecho respetar las
ordenanzas municipales, aunque advirtió de que «es difícil
aplicarlas estrictamente». Una aplicación al pie de la letra
«crearía dificultades excesivas», señaló.
El alcalde también considera que «la convivencia sería mejor si
todos los negocios cerraran antes», en referencia a las discotecas
y locales nocturnos, que entorpecen el tráfico, generan ruidos
molestos, impiden limpiar correctamente las calles y crean la
sensación de una ciudad sin ley. En este sentido, Marí tiró balones
fuera y recomendó al Govern que impida, mediante regulación por
ley, que las bodegas abran durante toda la noche. A finales de mes,
alcalde, vecinos y comerciantes volverán a reunirse para concretar
medidas eficaces y para comprobar si el Ayuntamiento ha comenzado a
tomar cartas en el asunto.
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