Pilar Costa y Josep Marí Ribas estudian la moción de Buades. Foto: K. TABERNER

Pilar Costa y Josep Marí Ribas estudian la moción de Buades. Foto: K. TABERNER

Milena Herrera31/08/01 0:00
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El Consell enviará por escrito al Ministerio de Fomento el acuerdo de pleno alcanzado ayer entre el equipo de gobierno, del Pacte Progressista, y el conseller del grupo mixto, el ecologista Joan Buades, en el que se le insta a no realizar obras de ampliación en el aeropuerto de Eivissa sin antes haber conseguido el visto bueno de la primera institución pitiusa. El debate se había iniciado con una moción de Buades en la que además de declararse oficialmente el rechazo al plan director, también se proponía que el Consell recurriese ante los tribunales dicho texto por violar las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).

Un artículo de esta norma dice taxativamente que cualquier ampliación del aeropuerto debe esperar al criterio que se establezca en el Plan Territorial Insular, en estos momentos en fase de redacción. La propuesta de Buades de llevar al Gobierno a los tribunales no prosperó, aunque sí recibió el apoyo de los progresistas el último punto de la moción en el que se planteaba instar al Govern de les Illes Balears «a recurrir por todas las vías legales» la aprobación de los planes directores de los aeropuertos de Balears en todos aquellos puntos que incumplan las DOT.

Buades defendió en sus intervenciones que Eivissa no se podía permitir duplicar el actual número de pasajeros por el extremado coste ambiental que esto supondría para la isla. Por su parte, el conseller insular de Territori, Josep Marí Ribas, le apuntó que el incremento de pasajeros que AENA hasta el año 2015 no tiene por qué producirse durante las puntas de la temporada alta, sino que puede estar repartido a lo largo del año.

Aún así, Marí Ribas reconoció que está de acuerdo en que se realicen mejoras técnicas, como la instalación de sistemas para mejorar el aterrizaje o la construcción de 'fingers', pero no a que el aeropuerto gane las 51 hectáreas colindantes como contempla el proyecto del Gobierno. De hecho, Marí Ribas recordó que ya en julio de 2000 se envió al Ministerio de Fomento un informe advirtiendo de que el plan no podía ser aprobado por la prescripción incluida en las DOT y que determinadas obras previstas no se consideraban apropiadas.