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J. RODRÍGUEZ El Govern balear, a través de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, destinará 525 millones de pesetas a la vigilancia y seguimiento de las tres reservas marinas que actualmente existen en las Islas: la de Mallorca, situada entre el Club Naútico de s'Arenal y el Cap de Regana; la de Menorca, situada en la zona norte de la Isla; y la de las Pitiuses, ubicada en Es Freus de Eivissa y Formentera. Se trata, en total, de una superficie de unas 20.000 hectáreas marinas que tiene que ser delimitada y estudiada para comprobar los efectos que la protección tiene sobre las especies que allí viven.

En lo que se refiere al primero de estos aspectos, la delimitación, ya se han concluido los trabajos de balizamientos de las tres reservas marinas con un presupuesto total cercano a los 77 millones de pesetas, según aseguran fuentes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. Otros 144 millones del presupuesto total se destinarán a realizar los estudios de seguimiento en las zonas protegidas. Este trabajo, que será realizado por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, delimitará la variaciones en el ecosistema de las reservas.

«Con los estudios se busca conocer la incidencia de la protección en el número de especies, la biodiversidad y el tamaño de los distintos ejemplares, entre otras cosas, ya que también está previsto hacer trabajos de cartografía en la zona», aseguran las mismas fuentes. El resto del dinero, parte del cual proviene de los fondos europeos, se destinará a la vigilancia de las reservas.

Los 304 millones de pesetas destinados a este concepto servirán, entre otras cosas, para comprar, de cara al año que viene, tres lanchas de vigilancia, (una por cada reserva) y para contratar de refuerzo a tres vigilantes más por cada zona protegida. Cabe destacar que en las reservas marinas está prohibida la pesca, tanto profesional como deportiva, exceptuando los casos en que dicha actividad tenga fines científicas o de seguimiento para la investigación. La labor de los vigilantes será, precisamente, evitar que la actividad pesquera ilegal afecte a las especies protegidas.