Los ayuntamientos de Balears tienen mucho que decir sobre la nueva
moratoria aprobada anteayer por sorpresa por el Govern de les Illes
Balears. De hecho, fuentes del Ejecutivo reconocen que su
efectividad depende de la 'buena voluntad' de los consistorios a la
hora de aplicar las medidas decretadas para restringir la
construcción tanto en suelo urbano y urbanizable como en suelo
rústico. El antecedente más claro es lo sucedido semanas atrás en
Mallorca, donde algunas instituciones han respondido a la moratoria
de aquel consell con la concesión de importantes paquetes de
licencias.
Lo cierto es que la moratoria no se lo pone fácil a estas
instituciones. Además de restringir las concesiones, se establece
que los permisos deberán otorgarse a partir de ahora siguiendo un
estricto criterio temporal. Es decir, el que antes pide, antes lo
consigue. Para que no haya duda en caso de empate, también se ha
previsto un sistema, aunque éste deja la puerta abierta a la
arbitrariedad. A igual fecha de presentación de la solicitud de la
licencia (siempre que esté acompañada de toda la documentación
legal necesaria) se otorgará el permiso antes a las obras que se
vayan a realizar en suelo urbano que a las previstas en suelo
urbanizable. También tienen preferencia las que se localicen «en
áreas o zonas más transformadas y las que tengan menor impacto
paisajístico».
Y eso no es todo. Los ayuntamientos están obligados a constituir
un registro público en el cual se hará constar el número de
licencias otorgadas y de las plazas de alojamiento que suponen.
Cada quince días como máximo deberán publicar los datos en el
tablón de anuncios. En el gráfico que acompaña a esta información
se ha calculado cuántas viviendas podrán autorizarse en cada
municipio (suelo urbano y urbanizable) durante los próximos tres
años, a una media de tres plazas por vivienda.
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