La moratoria en suelo urbano y urbanizable decretada el viernes 13
de julio por el Ayuntamiento de Eivissa provocó una avalancha de
solicitudes de licencias de construcción en el Consistorio de Sant
Antoni, ante el temor de que prosperara la moción en similares
términos presentada por el Pacte Progressista de la localidad o que
el Consell decidiera actuar en aquellos municipios donde gobierna
el Partido Popular. Si habitualmente cada comisión de gobierno
trata unas cuatro peticiones de licencias, como media, en las dos
últimas ese número se elevó hasta la veintena en cada una de ellas,
según informaron los concejales de Democràcia Pitiusa (DP) durante
el pleno ordinario que se celebró ayer en Sant Antoni.
Los ediles de DP facilitaron esa información tras anunciar, como
ya habían comunicado a este periódico hace una semana, que no
votarían contra la moción presentada por el Pacte, ya que entienden
que el ordenamiento urbanístico de Sant Antoni ya es
suficientemente restrictivo. A juicio de ambos ediles, la avalancha
de solicitudes es resultado de la psicosis desatada tras la
aprobación de la congelación urbanística en Vila.
En idénticos términos se expresaron los concejales del PP, del
equipo de Gobierno. La edil de Urbanismo, Blanca Castiella,
insistió en que «no existe presión urbanística» sobre la localidad:
«Los datos del padrón que acabamos de aprobar lo demuestran»,
subrayó. Según el padrón, la población de Sant Antoni ha crecido en
el último año en 382 personas, de manera que se ha pasado de los
15.755 habitantes de 2000 a los 16.137 actuales. Si esa progresión
se mantuviera constante, los 45.000 habitantes que prevé el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo se alcanzarían dentro de
40 años, según explicó Castiella.
El pleno aprobó ayer una modificación de crédito de tres
millones de pesetas para hacer frente a la expropiación forzosa de
una parcela de 750 metros cuadrados necesaria para que se
comuniquen y se abran al tráfico las calles Camèlies y Estepa, en
ses Païsses. La oposición criticó que hasta ahora no se haya
iniciado el expediente de expropiación de la finca y que se haya
acudido sin él al pleno para solicitar esa modificación de crédito.
Si el propietario sigue sin aceptar el trato propuesto por el
Ayuntamiento, éste podría afrontar la primera expropiación forzosa
de su historia.
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