El 35 por ciento de las plazas construidas en Eivissa están
desocupadas o se utilizan como segundas residencias, según un
estudio realizado por el Govern de les Illes Balears y citado ayer
por el conseller del grupo mixto y miembro de la formación Els
Verds, Joan Buades. Según dicho informe, este tipo de plazas
asciende a 83.345, es decir, más de las que se utilizan como
vivienda principal que no superan las 74.000. Hay que tener en
cuenta que otro 35 por ciento de las plazas construidas tiene un
uso turístico.
Buades cree que estos datos demuestran que una protección más
intensa del territorio no afectaría a la población pitiusa a la
hora de encontrar vivienda y, por ello, su formación propone que se
tomen medidas para incentivar que salgan al mercado todas las
plazas que actualmente están deshabitadas. En su opinión, resulta
muy alarmante que un estudio del Govern y la UIB del pasado mes de
marzo apunte que en Eivissa podrían todavía construirse 129.200
plazas en suelo vacante, así como otras 1.700 en Formentera.
Por estos motivos, Els Verds presentará una moción en el pleno
que el Consell celebrará el próximo martes con el objetivo de que
se dé el visto bueno a una moratoria muy similar a la que hoy tiene
previsto aprobar el Consell de Mallorca. Con tres plazas
construidas por habitante en Eivissa y cuatro en Formentera, los
ecologistas creen que no hay por qué temer un frenazo de la
construcción.
Así, Buades y su compañero de formación Ramon Mayol defendieron
ayer que el pleno apruebe una norma cautelar que afectaría al 80 ó
85 por ciento de las licencias, pero sin impedir que se construyan
viviendas sociales. La propuesta de Buades incluye tres
excepciones: la construcción de viviendas unifamiliares, las
rehabilitaciones y las nuevas edificaciones turísticas siempre que
se hayan retirado previamente al menos tantas plazas obsoletas como
las que se pretendan construir nuevas.
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