Los alcaldes de los tres municipios afectados por la huelga de la
recogida de basura de los empleados de Herbusa mantuvieron ayer
contactos telefónicos y personales con la dirección de la empresa
para comunicarles que van a estudiar todos los mecanismos legales
para denunciar el hecho de que no se estén cumpliendo los servicios
mínimos -entre los que no descartan pedir responsabilidades a la
empresa- y anunciar que buscarán medios propios o externos para
garantizar la recogida de basuras que roza «lo insostenible».
Mientras Santa Eulària ya ha puesto a trabajar a las brigadas
municipales escoltadas por policía municipal, el alcalde de Sant
Joan, Antoni Marí Marí, ha solicitado a la Conselleria de Sanitat
un informe sobre la peligrosidad de los residuos acumulados en la
vía pública. Antoni Marí no llegó a calificar la huelga de ilegal
pero si la tachó de «inoportuna» argumentando la existencia de un
convenio reciente. El alcalde dijo tener «pruebas fotográficas» y
«testigos» de que no se recoge la basura.
El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, aseguró que
buscarán sistemas legales y materiales para que se cumplan
servicios mínimos. Por su parte, el representante legal de la
empresa y su director reiteraron ayer que presentarán una demanda
por ilegalidad de la huelga ante el Tribunal de Arbritaje y
Mediación de Balears (Tamib). Su decisión pasará a los juzgados que
dictarán si es o no legal. La empresa incidió en que no se cumplen
servicios mínimos. «Sólo retiran el 5% de los residuos», señaló el
director.
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