Los concejales del Ayuntamiento de Eivissa, Santiago Pizarro, Pedro
Campillo, y Joan Boned comparecieron ayer para asegurar que el
escrito enviado por la delegada del Gobierno para que se anule -en
un mes- la relación de puestos de trabajo y diversos artículos del
pacto de funcionarios y del convenio del personal laboral «no
obliga, sólo insta a anularlos por una serie de irregularidades que
creen que se han cometido».
El equipo de gobierno anunció que no va «a anular nada». Además,
anunció que los servicios jurídicos del Consistorio «están
estudiando la presentación de alegaciones», cuyo plazo expira el 21
de julio. Contra la afirmación de que la relación de puestos de
trabajo es ilegal, Pizarro argumentó que el equipo de gobierno «ha
hecho un catálogo, pendiente desde 1984», y que, como consecuencia
de esta relación «aparecen consideraciones que antes no se tenían
en cuenta como nocturnidad o festividad», que tienen una valoración
que «en algunos casos ha supuesto un incremento retributivo, no en
todos».
En lo que respecta la ilegalidad de ciertos derechos sociales de
funcionarios y personal, el equipo de gobierno asegura que el nuevo
convenio «no ha tocado ni una sola de las prestaciones sociales que
ya se contemplaban con el gobierno anterior». El acceso a
instalaciones municipales sin pagar o la gratuidad de una cantidad
de agua «viene de hace años» remarcaron. Pizarro señaló que «hay un
claro componente político» en el hecho de que la Delegación del
Gobierno «mande ahora esta instancia» y no en 1998 -cuando
gobernaba el PP- a pesar de que el convenio de entonces era igual
en el tema de derechos.
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