El conseller de Treball, Eberhard Grosske, la consellera insular de
Benestar Social, Sofía Hernanz, y el director general de
Planificació Social, Antonio Sancho, se sentaron ayer con los
inmigrantes encerrados desde el pasado viernes en la iglesia de
Santa Cruz de Eivissa para mostrarles su «apoyo y solidaridad». El
conseller se mostró consciente de que necesitan «algo más que
buenas palabras» para conseguir el objetivo de la regularización,
por lo que explicó, ante su atento auditorio, las medidas que
piensa tomar el Govern en este sentido.
Por el momento, el Ejecutivo balear ha instado a la Delegación
del Gobierno en Balears a abrir una mesa de negociación. El
conseller de Treball cree factible forzar una negociación con el
Gobierno central si continúan las presiones como la que se ha
articulado en Eivissa. Grosske se mostró tajante: «en Balears no
hay un problema de falta de trabajo; es un problema de
regularización de estos trabajadores». El conseller cree «más que
demostrado que Balears precisa la fuerza de trabajo de este
colectivo» y señaló que es «paradójico» negarles derechos que van
más allá de lo laboral. «Derechos humanos», resumió.
Entre los encerrados se alzaron voces como la de la ecuatoriana
Dolores Ceballos, que reclamó comprensión a España como país emisor
de emigrantes en los años duros de la posguerra o la del marroquí
Chaker que recordó que muchos de los encerrados han perdido sus
trabajos o están amenazados en este sentido desde de que comenzó el
encierro. Chaker aseguró que «en esta batalla» los inmigrantes
componen «la primera fila» y que están dispuestos «a recibir la
balas siempre que sea por la victoria».
Una crítica directa fue para la directora insular de la
Administración del Estado en Eivissa, María Encarnación
Sánchez-Jáuregui. «Llevamos desde el viernes encerrados y todavía
no ha mostrado su preocupación por este tema», señalaron.
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