Los concejales del Pacte Progressista de Sant Josep abandonaron
ayer la sala de plenos al negarse a aceptar que una moción para
instar al equipo de gobierno a abrir un expediente disciplina
urbanística a la finca Can Burgos fuese interpretada como moción de
control o ruego lo que impide que se tome un acuerdo. «Ha habido
otras mociones que se presentaban hoy -explicó el concejal
progresista Josep Marí Ribas- que iban en el mismo sentido. Sin
embargo, ésta ha sido considerada como un ruego». Marí Ribas fue el
único que no abandonó la sala para hacer un voto testimonial.
Los progresistas retiraron cinco mociones que retomarán en un
pleno extraordinario que solicitarán en breve «con el fin de que
todas sean debatidas, incluida la de Can Burgos que será redactada
de forma que evite estas confusiones». Marí Ribas cree que con esta
acción el PP «ha coartado la libertad de tomar un acuerdo, lo que
nos parece muy grave». A pesar de este problema formal el pleno
trató el tema de la polémica finca. El equipo de gobierno señaló
que la construcción de garajes para autobuses en esta parcela no es
ilegal porque la normativa permite realizar este tipo de
construcciones en fincas privadas y que esta obra cuenta con las
licencias pertinentes.
Sin embargo, el Pacte señaló que estas obras de grandes
dimensiones y previstas para una actividad molesta no debería salir
adelante. Por otra parte la moción de creación de un proyecto de
voluntariado, presentada por el Pacte, fue rechazada por el PP que
aseguró que hay previstas contrataciones para estos servicios.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.