Una sentencia de la Audiencia Nacional anula el deslinde de Formentera

Es el primer pronunciamiento de la Audiencia Nacional a favor de un afectado por el deslinde, concretamente en la zona de s Estany des Peix y, como avanzaba Aizcoiti, «en los restantes casos que tenemos la sentencia será la misma ya que queda claro que no se han empleado los mismos criterios en toda la isla». En este sentido, el abogado incidió en que la delimitación estaba mal hecha, «ya que se consideran dunas fósiles las que son móviles y móviles las que son fósiles. Es decir, se ha seguido un criterio desastroso y la Audiencia lo está reconociendo».

Este primer paso significa según los abogados que «se va a tener que repetir todo el deslinde, o, para abreviar, hacer el deslinde por donde el peritaje ha indicado». Esta decisión es consecuencia de los informes realizados por Valeriano Pexianes, perito designado por la Audiencia Nacional. «Probablemente -apuntó Azcoiti-, se establecerá el nuevo deslinde en la línea que él ha marcado». Tras esta sentencia, «a partir de ahora lo más normal es que se anulen todos los deslindes y se establezca uno nuevo por donde diga la Audiencia. El Gobierno no podrá dar largas al asunto porque existe un primer mandamiento judicial. El tribunal manda y ordena y el Gobierno tiene cinco días para recurrir, pero tal y como está redactada la resolución no lo hará».

Ahora habrá que esperar dos o tres meses hasta que ese produzcan todas las sentencias y de inmediato, si no se recurre, quedará anulado, explicó el letrado. «A partir de entonces, el nuevo deslinde que será aceptado, imagino, por todos los afectados será aprobado, firmado y se acabó», añadió. Esta decisión, que será recibida con alborozo por los afectados, contrasta con el resultado que han obtenido otros afectados, que ha sido desfavorable a sus intereses. El abogado señaló la importancia de haber adjuntado pruebas periciales que señalaran de forma fehaciente que los criterios aplicados a la delimitación no eran los correctos, lo que favorece que los jueces admitan que se han cometido errores graves que pueden significar su anulación.