El president del Govern, Francesc Antich, y el conseller de Treball
i Formació, Eberhard Grosske, exigieron ayer a los municipios mayor
implicación en la lucha contra la siniestralidad laboral. En
concreto, demandaron de los ayuntamientos un esfuerzo
complementario a la hora de hacer cumplir la normativa urbanística
no sólo en el sentido de parar e impedir las obras que no tengan
licencia sino también exigiendo y comprobando que lo que se
construye se adapta a lo autorizado.
Antich y Grosske, que se reunieron ayer por la tarde en el
Consolat de Mar con la Federación de Entidades Locales de las Illes
Balears (FELIB), pidieron más vigilancia municipal de las licencias
y solicitaron además la colaboración de las policías locales para
que denuncien infracciones que puedan detectar a través del
teléfono 112 (quien contactará con los inspectores) y comprueban
las denuncias que puedan llegar de los ciudadanos.
Eberhard Grosske dijo que «no basta con que los ayuntamientos
pidan las licencias, además hay que vigilar y comprobar que
efectivamente se están realizando las obra solicitadas y no más». Y
es que, según el informe de la conselleria sobre el antiguo hotel
Tívoli, se estaba haciendo más obra de la que estaba autorizada
(precisamente fue la que se derrumbó). Ello supone evitarse hacer
los estudios pertinentes sobre la obra no declarada con el riesgo
que ello implica.
Por norma general, los ayuntamientos tampoco controlan con
excesivo rigor la obra realizada para ver si se ajusta a la
autorizada aunque a veces es el promotor el que sigue las obras una
vez ha pasado el arquitecto municipal y dado la finalización de la
obra. Joan Rotger, miembro de la comisión permanente de la FELIB,
reconoció tras la reunión el importante papel que juegan los
ayuntamientos en la lucha contra los accidentes laborales pero
señaló que carecen de los medios suficientes para hacer cumplir la
legalidad.
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