El Ayuntamiento de Eivissa reaccionó ayer con contundencia ante las
acusaciones de los representantes sindicales y negó que se hayan
ofrecido puestos a dedo a algunos integrantes de la mesa de
negociación del catálogo de puestos y el convenio colectivo. Esas
manifestaciones han sido consideradas constitutivas de un posible
delito, así como «totalmente gratuitas y fuera de lugar». De hecho,
la institución comunicó ayer que «se ha puesto en manos de los
asesores jurídicos el inicio de las acciones legales
correspondientes contra la persona o personas que han hecho las
manifestaciones».
Esta no fue la única advertencia realizada por el equipo de
gobierno en su nota de prensa. También señaló que, pese a que se
mantiene la voluntad de diálogo, el equipo de gobierno «no cederá
ya ni una peseta más en el tema salarial» y se pregunta por qué los
sindicatos mantienen casi en secreto que sus demandas «superan los
100 millones de pesetas anuales».
El Pacte Progressista invirtió ayer las acusaciones y defendió
que son los representantes de los trabajadores los que «se resisten
a aceptar que se cumpla la ley». Para conseguir sus fines, añade el
equipo de gobierno, «han iniciado una ofensiva demagógica buscando
el conflicto e intentando el chantaje al gobierno, difundiendo toda
clase de falsedades».
Así, el Ayuntamiento enumera hasta cinco puntos que, según el
Pacte, no se corresponden con la realidad. Es falso, afirma, que se
haya propuesto algún nombramiento a dedo. Es falso que se haya
intentado sobornar a alguien. Es falso que no se les haya explicado
correctamente el estudio salarial, que la propuesta signifique un
perjuicio para algún trabajador o que se haya intentado mantener en
secreto la nueva normativa salarial.
Para el polémico asunto del ofrecimiento de cargos a los
miembros de la mesa de negociación el Ayuntamiento ibicenco tiene
una explicación. «En el marco del proceso de reorganización que se
está estudiando se ha hablado con cinco trabajadores proponiéndoles
ocupar, con un nombramiento provisional, puestos de responsabilidad
nuevos, dejando siempre claro que pasados seis meses como máximo
estos puestos se cubrirían por concurso. Esta forma de nombramiento
provisional está prevista en la normativa que se ha entregado a los
sindicatos. Una de las personas es miembro de la mesa negociadora y
se le dijo expresamente que podía seguir participando en la mesa y
que se respetaba su libertad de actuación», afirma el comunicado
que remitió ayer el equipo de gobierno municipal.
También se insistió en que la reforma propuesta aplica por
primera vez la legislación y asume un incremento de costes
salariales de 40 millones en tres años.
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