El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan acordó el pasado viernes
presentar recurso de queja ante el Tribunal Supremo (TS) por la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que
le condena a pagar a la empresa Puig Barreda casi 40 millones de
pesetas por haber rescindido ilegalmente el contrato de
construcción de la depuradora de Portinatx. La queja será
formalizada a pesar de que el Consistorio dispone de un informe
jurídico en el que se advierte de la «nula posibilidad de éxito» de
sus tesis ante el Tribunal Supremo. El letrado que ha redactado el
informe prácticamente da por firme la sentencia del TSJB.
Pese a todo, el alcalde, Antoni Marí Marí, propuso seguir
adelante con el proceso para intentar agotar todos los cauces
legales que permitan librar al Ayuntamiento de pagar los 40
millones a Puig Barreda. A esa cantidad hay que sumar la fianza
entregada por Puig Barreda (el cuatro por ciento de 69 millones) y
los gastos de procuradores y abogados, además de los que se
originen ahora con esta queja ante el Tribunal Supremo.
Además, la Corporación solicitará un informe jurídico que
determine quiénes son los responsables de esta situación, que
podría abocar al Consistorio a un grave quebranto de sus finanzas.
Junto a ese informe, se ha solicitado otro que dirima si la empresa
Puig Barreda ha podido incurrir en «responsabilidad penal» en este
proceso, al solicitar unas cantidades que, a juicio del alcalde,
podrían corresponder a obras no concluidas. Dependiendo de lo que
se diga en esos informes, el Ayuntamiento podría actuar
judicialmente.
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