El Consejo de Ministros tiene previsto estudiar hoy durante su
reunión semanal la interposición de un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la Ley de Consells aprobada por el Parlament
balear a finales del pasado mes de octubre. El Gobierno solicitará
que se suspenda su aplicación de forma inmediata dado que, en su
opinión, al menos once preceptos vulneran el ordenamiento
constitucional e invaden competencias del Estado.
El Gobierno invocará en su recurso el artículo 161.2 de la
Constitución, según el cual la norma recurrida ante quedará
automáticamente suspendida al menos durante cinco meses.
Transcurrido ese tiempo el Constitucional podrá levantar la
suspensión o mantenerla hasta que haya una decisión sobre el fondo
del asunto, que puede demorarse varios años.
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales,
Gabriel Elorriaga, dijo ayer en Barcelona que esta ley
«desnaturaliza la esencia constitucional de las instituciones
locales» y que «invade la propia disposición del Estatuto de
autonomía de Balears».
En opinión del secretario de Estado, la ley balear cambia la
naturaleza jurídica de los consells insulars. «Es decir, transforma
un órgano representativo en el que todos los miembros tienen que
ser elegidos por los ciudadanos en un órgano ejecutivo nombrado por
su presidente», concluyó Elorriaga.
A la espera de que el Govern se manifieste oficialmente sobre
esta decisión gubernamental, fuentes de la Presidencia consideraron
ayer que el recurso se trata de un «claro ejemplo de política
centralista y de desprecio a la capacidad de autogobierno» de
Balears. El Govern interpreta esta decisión como «un acto de
deslealtad institucional del PP y del Gobierno».
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