El presidente de la Demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi
Oficial d'Arquitectes de Balears, Javier Planas, lamentó ayer que
tras la aprobación inicial de la moratoria urbanística, el Consell
Insular no haya hecho «una labor de consenso» que hubiera permitido
que el debate de cara a la aprobación definitiva del texto fuera
más «participativo». Planas hizo estas declaraciones en un descanso
de la reunión que la junta del Col·legi d'Arquitectes de Balears
celebró ayer en Eivissa.
Este colectivo, según expresó ayer su presidente en las Islas,
Antoni Ramis, considera que «no se puede seguir haciendo un
urbanismo desarrollista como el de los años sesenta y setenta», por
lo que considera lógico que se fijen las «estrategias de futuro»
dado que «en treinta años se han agotado prácticamente las reservas
racionales de suelo». Por todo ello, Ramis considera normal que se
establezcan normativas para preservar espacios vírgenes, proteger
el patrimonio histórico, rehabilitar zonas degradadas y regular el
futuro.
Los arquitectos confían en los planes territoriales como
instrumento para conseguir esto y aceptan que, mientras se
redactan, se dicten normas cautelares. Sin embargo, en el caso
concreto de la de Eivissa, Planas considera que no se han tenido en
cuenta determinadas consecuencias, especialmente el hecho de que la
norma pueda producir «un efecto rebote» y se provoque un desarrollo
forzado en determinadas zonas que, de no existir la moratoria, no
hubieran sufrido dicha presión.
Planas lamenta que no hayan sido tenido en cuenta las
alegaciones que presentó la Demarcació y considera que se han
discriminado determinados municipios pitiusos.
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