El Consell Insular d'Eivissa y Formentera dio ayer a conocer los
detalles de la moratoria urbanística que pretenden aprobar en
sesión plenaria el próximo viernes. La presidenta de la máxima
institución política de las Pitiüses, Pilar Costa, advirtió de que
el contenido de estas normas «es de carácter cautelar y su vigencia
es de un máximo de tres años o hasta que se apruebe el Plan
Territorial Parcial, si es que entra en vigor antes de este plazo».
Costa explicó que, en este texto, se diferencian tres clases de
áreas. En primer lugar, por lo que respecta al suelo urbano, «no se
suspende ninguna obra», sino que serán los ayuntamientos quienes
asuman las competencias para otorgar nuevas licencias en las zonas
protegidas por el POOT (Plan de Ordenación de la Oferta Turística).
«Los consistorios tendrán en cuenta una serie de normas de calidad
para autorizar nuevas construcciones», aclaró la presidenta.
Asimismo, en las zonas de suelo urbanizable, además de suspender
las licencias de las zonas POOT, se protegerá una franja costera de
500 metros. Según el conseller d'Ordenació del Territori, Josep
Marí Ribas, Agustinet, «esta zona necesitaba de esta preservación
porque es la que padece más presión urbanística».
Por último, en cuanto al suelo calificado como rústico, la
moratoria aumenta la parcela mínima para construir en las Àreas
Rurales de Interés Paisajístico (ARIP) de 10.000 a 30.000 metros.
Además, en este tipo de terreno se suspenderán las declaraciones de
interés públicos para nuevas canteras o tendidos telefónicos y
eléctricos aéreos, exceptuando los soterrados. Pilar Costa subrayó
que este texto legal no se aplicará a «cualquier obra o promoción
pública de viviendas promovida por el Gobierno central, Govern,
Consell o ayuntamientos».
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