El Govern cree inconstitucional la liberalización de horarios comerciales

El informe argumenta que la ley orgánica 2/1996 determinó que la plena libertad de horarios y días de apertura quedaba supeditada a la decisión conjunta del Estado y las respectivas comunidades autónomas y que no se adoptaría antes del 2001. «El Real decreto modifica estos aspectos de forma unilateral y antes de las fechas fijadas, hechos que podrían suponer una deslealtad constitucional y un uso constitucionalmente in- correcto del Decreto ley», argumenta el informe. El texto recuerda que la reforma del Estatuto recoge que corresponden a la comunidad autónoma las potestades legislativas reglamentarias y la función ejecutiva en cuanto a comercio interior.

Por otro lado, el Real decreto ley 6/2000 permite a las grandes superficies incorporar una gasolinera según unas reglas en cuanto al espacio que ocupan, las licencias municipales necesarias para la construcción, el pago y ejecución de las infraestructuras de conexión. Estas reglas, según el informe, constituyen normas urbanísticas que invaden la competencia exclusiva de Balears contenida en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.3. Además, respecto a la entrega de licencias municipales, el informe dice que el Estatuto otorga a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen minero y energético.