El proyecto de ley de presupuestos de la Comunitat para el año que
viene introduce una cláusula de garantías que permitirá al Govern
solicitar un endeudamiento extraordinario en el caso de que el
Tribunal Constitucional anule el impuesto ecológico. Con este
artículo, la Conselleria d'Hisenda queda facultada a solicitar un
préstamo por el equivalente de toda la cantidad cobrada a las
empresas entre los años 1992, fecha en la que por primera vez se
cobró el impuesto, y 1999, el último ejercicio contable.
Desde la entrada en vigor de este impuesto empresarial, el
Govern ha recaudado un total de 23.375 millones de pesetas. Del
total, algo más de 5.000 millones de pesetas fueron pagados por las
empresas en los primeros años de ejecución del impuesto. Sin
embargo, una sentencia del Tribunal Supremo modificó el sistema de
recaudación del tributo ya que permitió a las empresas avalar el
importe total del impuesto en lugar de liquidarlo.
En virtud de los proyectos de presupuestos que se han presentado
desde entonces, a excepción de esos 5.000 millones ya cobrados, las
empresas han avalado un total de 18.375 millones más, que es la
cantidad que el Govern se verá obligado a devolver en caso de que
el Tribunal Constitucional falle que el Ejecutivo no tenía
competencias para poner en marcha este tributo.
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