La reunión mantenida ayer en Palma con la intermediación del director general de Treball, Fernando Villalobos, no sirvió para acercar posturas.

OSCAR RIBAS Los sindicatos CC OO y UGT amenazaron ayer con pedir penas de prisión para los responsables del decreto de servicios mínimos en la huelga del sector de autobuses turísticos, programada para los próximos 28, 29 y 30 de este mes.

Los sindicatos apelan a la Ley de Servicios Mínimos, que, según explicaron ayer, no contempla el sector del transporte discrecional. El ejemplo al que recurren es el de la huelga general del 28 de mayo de 1992, en el que sólo se promulgaron servicios mínimos para el transporte escolar, en virtud del derecho a la educación.

De momento "y a expensas de que se llegue a un acuerdo en el último momento" los conductores de autobuses turísticos están llamados a una asamblea que se celebrará en el salón de los sindicatos el próximo jueves, en la que se detallaran todas las movilizaciones previstas.

El primer día de los paros, algunos trabajadores y los líderes sindicales irán a primera hora al aeropuerto de Eivissa para informar del paro a los empleados que estén trabajando y conminarles a que lo sigan.

Todos estos acuerdos se tomaron ayer en una asamblea de trabajadores a la que acudieron los responsables de Transportes de CC OO y UGT en Balears, Baltasar Piñeiro y Juan Antonio Mota, respectivamente. Ambos forman parte de la mesa de negociación que está discutiendo con la patronal el convenio colectivo del sector, origen de todos los problemas. A la reunión acudieron 25 trabajadores de un sector que emplea en las Pitiüses a cerca de 300 personas.