Fiscalía de Ibiza investiga a Córdoba y a un abogado por un posible delito de revelación de secretos

En este sentido, Fiscalía señala en su escrito que Córdoba, que actualmente es conseller no adscrito en el Consell de Formentera, podría «ser el inductor del delito y el letrado, el autor», según publica Ràdio Illa. Cabe reseñar que esta investigación deriva de la denuncia presentada el pasado mes de octubre en la Policía Nacional y en la Fiscalía de Ibiza contra Córdoba por, presuntamente, haber empleado los servicios y trabajos de un funcionario con fines «puramente privados» cuando era presidente insular, en concreto, para elaborar las alegaciones que presentó a la Comisión de Ética.

En el oficio de requerimiento, la fiscal expone que el letrado insular «como jefe del área, habría tenido acceso a todas las actas de la Comisión [de Código Ético], habría participado activamente en los debates y, faltando al deber de secreto que se impone a todos los miembros de la Comisión, habría redactado un escrito contra un informe en el que ha participado en su elaboración. Además –tal y como indicó la Comisión de Ética– al ser letrado del Consell, sus funciones no son las de elaborar o asumir la defensa jurídica de los miembros electos del Consell, sino del Consell Insular como institución».

«Según el relato de hechos», prosigue la fiscal, el letrado «habría revelado al presidente del Consejo el contenido de las deliberaciones de la Comisión de Ética que precisamente estaba evaluando el presidente del Consejo, con lo que se trata de una información relevante para el interés de la causa pública».

Este oficio de requerimiento es una de las diligencias que puede realizar la fiscalía a la hora de llevar a cabo la investigación que puede desembocar, o no, en la presentación de una denuncia ante un juzgado con el que se podría iniciar un juicio penal con el fin de determinar si ha habido o no comisión de uno o más delitos, según informa Ràdio Illa.

Cabe destacar que el delito señalado por la Fiscalía contempla penas de multa de 12 meses a año y medio e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Asimismo, según el artículo 417.1 del Código Penal, si el juez identifica que la revelación supone un grave daño para la causa pública o para un tercero, la pena sería de prisión de uno a tres años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años, según concluye Ràdio Illa.