Llorenç Córdoba. | Archivo

Al fin, parece que el mariscal Llorenç Córdoba será desalojado de la presidencia del Consell de Formentera. La moción de censura presentada por GxF, PSOE y Sa Unió llega con muchos meses de retraso, cuando la gravedad de la crisis institucional y política ex máxima y ya ha deteriorado gravemente la viabilidad del Consell. Lo hace, además, tras una protesta ciudadana frente a la sede de la institución, que ha servido como detonante definitivo para que los partidos reaccionen. Es muy triste y lamentable constatar que sólo cuando los ciudadanos salieron a la calle, sacaron tarjeta roja y exigieron una solución a esta crisis ignominiosa y sin precedentes, los representantes políticos decidieron actuar. Hasta entonces, la indolencia, la inacción y el tacticismo de GxF y PSOE, habían marcado su estrategia, creyendo que cuanto peor fuera todo, mejor para ellos. Es la evidencia máxima del paupérrimo nivel político –y ético, claro– que allí impera, como estoy harto de denunciar.

La moción de censura es y fue siempre la herramienta democrática adecuada y prevista legalmente para resolver la crisis ocasionada por el mariscal Córdoba. Su situación política y democrática era insostenible desde hace un año, cuando sus exigencias de mayor salario a cargo de los «fondos reservados», sus amenazas y su actitud despótica, le hicieron perder el apoyo de los dos partidos de la coalición por la que se presentó a las elecciones. No se puede seguir presidiendo nada sin el apoyo de la junta directiva, ni en una asociación de vecinos, ni en un club de petanca, ni en un gobierno democrático; pero el mariscal creyó que podía y así lo ha hecho, hasta que se le obligue a salir del despacho de presidente. No descarten que haya que recurrir a la Guardia Civil para forzarle a desalojar.

Y pese a todo, los partidos de Formentera no fueron capaces o no quisieron ponerse de acuerdo en presentar una moción de censura hasta ahora.

Machismo

El papel de los partidos políticos en esta crisis es, cuando menos, decepcionante. GxF y PSOE han decidido vetar a José Manuel Alcaraz, una figura ya cesada dos veces: primero por el propio Córdoba en febrero y ahora por la oposición de izquierdas. Este veto puede entenderse como un movimiento político, pero lo que resulta realmente despreciable es el tratamiento recibido por la consellera del PP, Verónica Castelló. Su exclusión del acuerdo por el simple hecho de ser la pareja de Alcaraz no es solo injustificable, sino también profundamente machista y misógino.

Que partidos que se autodenominan feministas caigan en este tipo de discriminaciones es indignante. No se puede tolerar que una mujer sea vetada por ser la pareja de alguien. Resulta nauseabundo que se utilicen estas prácticas en pleno siglo XXI, y que se disfracen de decisión política cuando lo que esconden es puro machismo, perpetrado por teóricos feministas. Ni la ultraderecha se atrevería a hacer algo como lo que han hecho Alejandra Ferrer (GxF) y Rafa Ramírez (PSOE), que les perseguirá toda su vida política.

Corrupción

Llorenç Córdoba sugiere que esta moción de censura trata de encubrir supuestas irregularidades de los últimos años en el Consell. No cabe esperar, a estas alturas, el más mínimo ejercicio de autocrítica, ni referencias a sus exigencias salariales, ni al deslinde de costas, ni a su papel en el concurso de los chiringuitos de playa o al trato que el Govern da a Formentera. Nada de eso. Su discurso ha ido variando, de forma histriónica y delirante, casi surrealista, según las cambiantes circunstancias. Pero lo cierto y verdad es que el presidente del Consell se ha quedado sólo y sin apoyos. Y eso sucedió por culpa suya y de nadie más. Porque se ha comportado de forma inexplicable y un tanto grotesca, como un auténtico déspota; como el mariscal de Formentera que se ha creído ser. Pudo tener cuatro años de mandato plácidos, fructíferos y provechosos, gracias a la mayoría otorgada por los ciudadanos en las elecciones, pero decidió poner por delante sus intereses personales, esencialmente económicos, a todo lo demás. No hay nada más indigno y vergonzoso.

De la mano de Córdoba la política de Formentera ha tocado fondo. Lo prioritario es ahora nombrar un nuevo presidente y todo apunta que lo será Óscar Portas (Sa Unió). Pero seguidamente habrá que recobrar la normalidad institucional y administrativa, profundamente alterada por meses sin un equipo de gobierno real. Por el bien de Formentera y de sus habitantes, esperemos que esta moción de censura no sea solo un cambio de nombres, sino el principio de una etapa política más seria, responsable y, sobre todo, respetuosa con los derechos y la dignidad de todos.