De izquierda a derecha, Alcaraz, Córdoba y Serra cuando ganaron las elecciones y todo era felicidad.

Muchos esperaban en Formentera que el informe emitido por los integrantes de la comisión de seguimiento del Código Ético y Buen Gobierno contribuyera a solucionar de una vez por todas la crisis en la que se encuentra sumido el Consell desde finales de noviembre de 2023. Pero en la menor de las Pitiusas, al menos en esta legislatura, nunca puede darse nada por seguro. Y el informe, de momento, no ha suscitado ningún cambio relevante en la situación.

Una situación ante la que es posible plantear, al menos, 10 preguntas y sus correspondientes respuestas:

1.- ¿Qué dice el informe de la comisión de seguimiento de Código Ético y Buen Gobierno?
La comisión ha trabajado básicamente con lo publicado por los medios de comunicación. Sorprendentemente, apenas cita a Periódico de Ibiza y Formentera, medio que ha liderado la cobertura de la crisis desde sus inicios. También ha trabajado con las actas de las sesiones plenarias, de la Junta de Gobierno y de otras comisiones del Consell, así como con el propio Código Ético y de Buen Gobierno. Sus conclusiones se resumen en que «se han producido vulneraciones de los principios y valores» que recoge este código. Indica que, en opinión de sus miembros, la crisis «se ha traducido en la configuración práctica del Consell como una institución unipersonal en contra de la naturaleza esencialmente colegiada, colectiva por definición, y por exigencia de los principios del pluralismo político, participación ciudadana y responsabilidad colectiva, que imponen la Constitución de 1978, la normativa de la UE y la concreta legislación reguladora de los organismos públicos locales, insulares y autonómicos».

La comisión también deja claro que «no le corresponde» proponer «posibles soluciones políticas» a la crisis. Aunque sí recuerda «a los responsables de la misma que la ejemplaridad y la excelencia son reglas de conducta generales proclamadas por el Código Ético». Añade, además, que los perjuicios de esta crisis afectan tanto a la imagen del Consell y que «se traducen en graves consecuencias prácticas para la ciudadania, entre las que se pueden citar como vía de ejemplo la paralización absoluta de las licencias de obra mayor en suelo rústico o de licencias afectadas por la legislación de Patrimonio Histórico en suelo urbano, la imposibilidad de imposición de sanciones muy graves en el ámbito competencial del Consell (municipal, insular y autonómico), la paralización de la asignación de amarres en Estany des Peix, la imposición de penas por incumplimientos de contratos con el Consell, entre otros». Y concluye recordando a los consellers «responsables de esta crisis institucional» que han de ejercer «un liderazgo y compromiso explícito, claro y decidido» así como tomar decisiones «en beneficio exclusivo del interés público».

2. Llorenç Córdoba.
Públicamente, se considera el principal responsable de la crisis, abierta por él mismo a finales de noviembre de 2023, cuando anunció que, como diputado por Formentera, estudiaba la posibilidad de dejar de apoyar «incondicionalmente» al Govern de Marga Prohens. Sin embargo, el informe indica que su entonces socio de coalición y de gobierno, José Alcaraz, le había grabado pidiendo un sobresueldo a cambio de su apoyo a Prohens a principios de ese mes, por lo que es evidente que las rencillas habían comenzado mucho antes, aunque se desconozca el motivo real de las mismas. Córdoba se mantiene al frente del Consell a pesar de haber sido expulsado de Sa Unió y, lo que es más sorprendente, aun cuando se ha quedado sin gobierno, apoyado únicamente por el conseller de Turismo, Artal Mayans, cuya bipolaridad política es digna de mención. El presidente no tiene, sin embargo, intención de dimitir y ya prepara los Presupuestos para 2025. Unas cuentas que es muy probable que no logre aprobar, salvo que Sa Unió acepte que están basadas en su propio programa electoral y les dé luz verde porque, lo contrario, sería incoherente.

3.- José Alcaraz.
Es el otro gran protagonista de esta crisis. Cesado por Córdoba por considerarlo responsable de lo sucedido, lidera Sa Unió, aunque ha abandonado el cargo de presidente del PP en Formentera. No parece tener el apoyo del PP balear ni del Govern de Prohens, pero, como Córdoba, se niega a aceptar su cuota de responsabilidad y no tiene, de momento, intención de dimitir para facilitar una salida. Dice estar «harto de chantajes», tanto del presidente como de la oposición, que ahora pide su cabeza para facilitar a Sa Unió un gobierno en minoría. Y es que Alcaraz es un obstáculo para partidos como el PSOE, cuyo electorado en la isla no aceptaría que fuera nombrado presidente del Consell con los votos o la abstención de los consellers socialistas.

4.- Sa Unió.
La coalición pasará a la historia de Baleares como ejemplo de cómo se dilapida una amplia mayoría absoluta por enfrentamientos internos. Lo sucedido lleva a muchos a pensar que la derecha no volverá a ganar unas elecciones en Formentera en años. Y, lo que podría ser aún más grave, perdería también el diputado por la isla, que suele ser clave a la hora de formar Govern. Sa Unió ha gestionado mal esta crisis, al ser incapaz de llamar al orden a los dos principales protagonistas. Y ha tomado partido por Alcaraz, sin contar con la capacidad de resistencia de Córdoba. Algo que, al parecer, nadie sabía a pesar de que el presidente fue el líder de la coalición entre 2019 y 2023, en la oposición del Consell. Su papel en esta crisis, además, no es precisamente brillante. Basta ver el desorden que ha causado en la institución insular la inmadura decisión de siete de sus consellers de abandonar el equipo de Gobierno. Con ello han provocado que el Consell se quede sin vicepresidencias y sin Junta de Gobierno, es decir, han facilitado la suspensión de la vertiente autonómica de la institución.

5.- GxF.
La formación liderada por Alejandra Ferrer, con cinco consellers, no ha sido precisamente ejemplo de colaboración a la hora de solventar la crisis. GxF se ha negado sistemáticamente a apoyar a Sa Unió para presentar una moción de censura contra Córdoba, apelando a que era un problema interno de la coalición que debían resolver ellos y no la oposición, que no había sido elegida por los ciudadanos para estos problemas. Tuvo un gesto, eso sí, al ofrecer a Compromís la posibilidad de negociar para derribar al presidente. Gesto envenenado que, por un lado, pretendía hacer saltar por los aires Sa Unió, al negarse a negociar con el PP, y, por otro, buscaba hacerse con la presidencia del Consell aunque ese no hubiera sido el tan manoseado «mandat del poble» en mayo de 2023. No les importó negociar con un Javier Serra acorralado por la evidencia de que no podía ejercer el cargo que ejercía por una cuestión de incompatibilidad. Situación que solo después de romper las negociaciones han criticado. Ahora, junto con los socialistas, ofrece a Sa Unió apoyo para un gobierno de la coalición en minoría. Oferta que, una vez más, vuelve a ser envenenada pues pone como condición inicial la dimisión de Alcaraz. En caso de producirse esta, habrá qué ver el resto de condiciones pues Sa Unió, salvando las distancias, podría encontrarse en la misma situación que Pedro Sánchez con Carles Puigdemont.

6.- PSOE.
El partido de Rafa Ramírez, con tres consellers, se ha limitado en esta crisis a hacer seguidismo del camino marcado por GxF. Eso sí, su talante ha sido más dialogante con Sa Unió, con la que ha mantenido algunas negociaciones. Ramírez ha defendido en repetidas ocasiones desde el pasado verano que parte de la solución pasa por el retorno de los consellers de Sa Unió al Gobierno para que el Consell pueda trabajar con cierta normalidad. Pero predica en el desierto: la coalición está empeñada en que ese retorno solo puede suceder si Alcaraz recupera las conselleries que gestionaba antes de ser cesado y Córdoba se opone radicalmente a ello. Suyo es el mérito, todo hay que decirlo, de haber logrado que la comisión de seguimiento del Código Ético emita un dictamen, ahora hemos visto que irrelevante, sobre la situación. Sin embargo, su propuesta, también aprobada, de modificar la Ley de Consells para forzar a los presidentes a someterse a una cuestión de confianza cuando sea necesario es un brindis al sol dado lo farragoso de su tramitación y la necesidad de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo en el Parlament. Algo que parece poco probable.

7.- Corrupción.
Estamos en España y aquí, por desgracia, cualquier escándalo político pasa por este factor. En el Consell de Formentera se da una sorprendente circunstancia. Sa Unió ha denunciado a Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción en Palma. Y el presidente, por su parte, ha hecho lo mismo pero en Madrid. La denuncia de Sa Unió se dirige únicamente contra Córdoba, al que acusa de los típicos delitos relacionados con la corrupción. La de Córdoba es documentación sobre hechos que, en su opinión, podrían ser constitutivos de los mismos delitos y que no solo afectarían a Sa Unió sino también a GxF y el PSOE, según él mismo explicó en una rueda de prensa. Agentes de la UCO visitaron el Consell en octubre e interrogaron a la consellera Verónica Castelló y al secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, entre otros. Y es en este punto donde solo es posible pensar en algo parecido al realismo mágico hispanoamericano: tanto Sa Unió como Córdoba adjudican la intervención de la UCO a sus respectivas denuncias. Ni Anticorrupción ni la UCO han aclarado, de momento, por qué los agentes visitaron la institución insular.

8.- El secretario.
El papel del secretario del Consell, Ángel Custodio Navarro, está siendo también muy cuestionado. Y es que si bien al inicio de la crisis parecía sustentar con sus informes las acciones de Córdoba, ahora parece también realizar todo lo contrario. Siempre con el ROC y la Ley de Consells en la mano, Navarro es quien realmente da carta de legalidad a las acciones de unos y otros. Intentó pedir el amparo del Consell Consultiu para que este órgano emitiera un dictamen que permitiera al menos constatar si sus decisiones se ajustan o no a Derecho pues lo cierto es que, a día de hoy y en la actual situación, es difícil definir qué es realmente el Consell de Formentera. El Consultiu ignoró su petición debido a que la crisis que atraviesa la institución es meramente política y, por lo tanto, han de ser los políticos los que la resuelvan.

9.- Diem Prou.
la plataforma vecinal ha convocado una manifestación a la que, dicen, han acudido unas 300 personas. Si bien sobre el papel la plataforma exige a todos los consellers de la Corporación insular que acabe ya la situación de crisis, la realidad parece bastante diferente. Y es que esta plataforma parecer remar a favor de las tesis de GxF y el PSOE, es decir, culpar a Córdoba y Alcaraz de lo sucedido, obviando el grave papel jugado por estas formaciones en el deterioro de la situación. Además, a pesar de que reclama soluciones urgentes al conflicto, no parece que la cosa les corra tanta prisa cuando, en palabras de uno de sus portavoces, Manuel Oya, pueden esperar hasta después de Navidades para decidir si inician o no otras movilizaciones o si Sa Unió, GxF y el PSOE se ponen o no de acuerdo. Cuan largo me lo fiais, que dicen los clásicos.

10.- El futuro.
A corto plazo, no parece que nada vaya a cambiar en Formentera, salvo que en los próximos días José Alcaraz dé la sorpresa y decida dimitir. Esto facilitaría el acuerdo entre Sa Unió y los partidos de la oposición para gobernar en minoría. Sin embargo, este acuerdo tendrá una letra pequeña de la que nada se sabe en estos momentos, por lo que no está garantizado. Llorenç Córdoba, por su parte, ha dejado claro, una vez más, que no abandonará la presidencia insular. Pero, de verse obligado a hacerlo, mantendría su acta como conseller no adscrito y, visto lo visto, no sería extraño que Sa Unió pretendiera apoyarse en él si GxF y el PSOE deciden obstaculizar su gobierno. El argumento de que ambas partes defienden el mismo programa electoral tiene peso y habrá que ver a qué aspiran unos y otros de cara a 2027. Córdoba, además, permanecería como diputado en el Parlament, donde se desconoce si seguiría apoyando o no al Govern de Prohens. En cuanto a la oposición, los dos partidos intentan salvar los muebles en la crisis. Cuesta creer que su apoyo a un gobierno en minoría de Sa Unió vaya a ser sincero. Y es que, de hacerlo, ¿con qué legitimidad concurrirán a las elecciones de 2027 si han facilitado un gobierno del principal adversario? Algo tan básico solo puede llevar a pensar en la pretensión de gobernar desde la bancada de la oposición y eso nunca tiene buenas consecuencias para el ciudadano.