Los consellers de Sa Unió, GxF y PSOE han registrado ante el Consell de Formentera una propuesta para su debate en el próximo Pleno insular cuyo objetivo es defender la imagen de los integrantes de la comisión de seguimiento del Código Ético de la Institución. Para ello, las tres formaciones pretenden contratar a un servicio jurídico externo que será el encargado de pleitear contra el presidente de la institución, Llorenç Córdoba. La propuesta está firmada por Javier Serra (Sa Unió), Alejandra Ferrer (GxF) y Rafa Ramírez (PSOE).
En la misma, se indica que el objetivo es la «defensa del prestigio y buen nombre de los miembros de la Comisión de Ética y Buen Gobierno del Consell Insular de Formentera». Además, se añade que su aprobación dará luz verde al «inicio de las acciones jurídicas que procedan contra su autor, incluso en el orden penal».
El texto de la propuesta recoge el informe del secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, sobre el enfrentamiento entre Córdoba y los miembros de esta comisión. Informe que, a su vez, se basa en otro elaborado por la propia comisión. Una comisión de la que forma parte, entre otros, el notario Javier González Granados, que ha pedido públicamente la dimisión de Córdoba. También participa en este ente consultivo la letrada Lidia Serrano, que trabajaba en el departamento de Litoral, dirigido por Córdoba, y que solicitó el traslado a otra área del Consell. Además, la comisión está presidida por Josep Marí, conseller de GxF, formación que ha exigido la dimisión de Córdoba en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos meses. Por estas acciones, Córdoba decidió recusar a varios miembros de este ente consultivo. Además, el presidente alegó que no se le había permitido explicar ante la comisión su versión de la crisis, por lo que puso en duda la validez de su dictamen.
La propuesta de las tres formaciones recoge las críticas y acciones de la comisión contra Córdoba. En este sentido, la propuesta recuerda que la comisión ha denunciado al presidente ante la Fiscalía y la Policía Nacional por un presunto delito de malversación, al haber encargado al secretario accidental del Consell, Cristian Coll, la redacción de las recusaciones y las alegaciones. Coll, a su vez, formaba parte de la comisión de Código Ético en calidad de secretario accidental. A esto se suma que la comisión considera que Córdoba no debe pronunciarse sobre sus miembros por lo que le reclamaron en su momento que «no difame ni haga afirmaciones inexactas» sobre los mismos.
La comisión, además, ha exigido a Córdoba que lleve al Pleno insular «de manera inmediata» su informe sobre la crisis institucional. Y ha solicitado «el amparo del Pleno del Consell para la defensa del prestigio y buen nombre de la comisión» que son, ha añadido, los de la propia institución insular. Los integrantes de este ente consideran «intolerable» que el presidente no haya llevado a Pleno, en una «decisión unilateral y arbitraria», su informe. El mismo apelativo aplican a la afirmación de Córdoba de que sus integrantes son «un pelotón de fusilamiento». De ahí que pidan a la institución, además de amparo, que promueva «el ejercicio de las acciones jurídicas que procedan contra su autor, incluso en el orden penal, sin perjuicio de las cuales, personalmente, puedan corresponder a los integrantes de la comisión a título individual».
2 comentarios
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Quizá la comisión de seguimiento del código ético se podría pronunciar sobre la campaña acoso para desacreditar al presidente, las licencias urbanísticas exprés para negocios de cabecillas de GxF y PP, o la dudosa adjudicación de los chiringuitos , entre otros
Vale.. y ahora que? Esperar 3 o 4 años a que haya un supuesto juicio que no servirá para nada? esto no resuelve el problema que tienen..