Desde que los consellers de Sa Unió decidieron abandonar sus cargos en el equipo de Gobierno, el Consell de Formentera ha quedado en manos de un presidente, Llorenç Córdoba, y un conseller, Artal Mayans. Ha perdido los órganos que le dan la categoría de institución insular: las vicepresidencias y la Junta de Gobierno. Aunque el secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, lleva meses advirtiendo de las consecuencias de esta situación, casi nadie en la Corporación insular parece ser muy consciente de la realidad de esta. Ahora, el Consell ha solicitado al Consell Consultiu que emita un informe que permita dar salida a la crisis institucional abierta por Córdoba a finales de noviembre de 2023. Y ese documento, que ya ha sido remitido al Consultiu, es demoledor.
Navarro constata en su análisis que el Consell «no está funcionando», sobre todo en su vertiente autonómica. Y esta es fundamental porque, sin ella, la isla solo tendría un ayuntamiento. El secretario asegura que el Consell está inmerso en «una crisis institucional profunda» y subraya que «los intereses autonómicos no se están gestionando totalmente». Una situación que afecta especialmente al urbanismo y la ordenación territorial, al patrimonio y a las actividades. El secretario ha activado algunas fórmulas que permiten que otras áreas estén relativamente operativas pero siempre con la duda de si realmente estas soluciones se adaptan o no a Derecho. Y es que «todo es muy, muy inseguro por la falta de Junta de Gobierno».
En su informe, el secretario denuncia en numerosas ocasiones que «se está incumpliendo» el Estatuto de Autonomía, la Ley de Consells e, incluso, la propia Constitución. Y relata cómo esta situación está afectando al día a día insular en el que «no es que todo sea ilegal pero sí seguramente afuncional y contrario al sistema ideado por la Ley de Consells».
«Todo es muy, muy lento porque no hay consellers que implementen políticas específicas en cada materia», relata el secretario, que se refiere a Córdoba y Mayans como «restos de un Gobierno». Apunta que en algunas áreas se está funcionando como si el Consell fuera una diputación porque, de no ser así, «el Consell habría entrado en caos completo». Sin embargo, el secretario reconoce que «podría ser que todo esté mal» y que en un momento dado no se puedan prestar los servicios.
El secretario denuncia en su trabajo que «la organización institucional y burocrática representada por la Junta de Gobierno ha desaparecido» y afirma que «la eficacia y la eficiencia en el seno del Consell (…) está puesta seriamente en cuestión». En varios puntos de su análisis, Navarro se pregunta si la institución puede mantener esta situación, sin vicepresidentes ni Junta de Gobierno, más allá de tres o cuatro meses. Y recuerda que esto «vulnera la Ley de Consells y la Ley de Bases de Régimen Local».
La situación, asegura el secretario, «está bloqueada» porque la Ley de Consells no permite a Formentera, al contrario que en las otras islas, nombrar consellers no electos. Y plantea la posibilidad de una modificación parlamentaria de la ley que permita estos nombramientos para, a la vez, poder nombrar una Junta de Gobierno. Algo que, sin embargo, él mismo reconoce que «podría ser inconstitucional». Tampoco se muestra partidario de dar al Pleno todas las competencias autonómicas porque esto «sería muy arriesgado y una actuación contra legem».
Partiendo de la base de que ahora mismo en Formentera «no hay gobierno insular, solo restos de un gobierno», Navarro relata en su informe que el aparato administrativo «está bloqueado», lo que afecta, por ejemplo, a la política de personal, a la contratación e, incluso, a la capacidad del Consell de emprender acciones judiciales.
El Consell formenterés tampoco tiene ya activas la Comisión Técnica de Asesoramiento ni la de Arqueología. Y Navarro subraya que, con estas carencias, el Govern «no puede desentenderse porque está en juego el ejercicio del Estatuto para toda una isla».
La crisis ha provocado que Llorenç Córdoba haya asumido nada menos que ocho conselleries y el secretario constata que es «muy difícil» que el presidente pueda hacerse cargo. Además, esto provoca que no haya «direcciones generales de la acción de gobierno» ni «gestión colegiada». Un punto este último fundamental para la gestión de los consells insulares, según la propia Ley de Consells.
Para el secretario, por otro lado, es «muy grave» que hayan desaparecido las funciones de control y fiscalización de la propia Junta de Gobierno al no existir esta. Y es que, recuerda, «el pueblo queda desapoderado de unas herramientas de control y fiscalización de unas competencias que o no se ejercen, o se ejercen a medias, o, en el peor de los casos, se estarían ejerciendo por quien no toca». Algo que podría chocar, incluso, con el artículo 23.1 de la Constitución.
Hay otros aspectos del Consell que se están viendo muy afectados en esta situación. Por ejemplo, según el informe de Navarro, no se puede perder de vista qué sucederá cuando Llorenç Córdoba, como hizo este martes, se desplace a Palma para participar en el pleno del Parlament sin poder delegar la presidencia del Consell en nadie. Más grave es que el Consell no pueda ahora mismo sancionar las infracciones muy graves porque ello depende de la Junta de Gobierno. O que no se haya celebrado el debate de política general ni hayan comparecido los responsables de cada área ante el Pleno.
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Devolver las competencies al Consell de Ibiza. Como era antes.