Imagen de archivo del Consell de Formentera.

El secretario habilitado nacional del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarro, señaló este sábado a Periódico de Ibiza y Formentera que una nueva convocatoria de elecciones en la isla es «prácticamente inviable» porque haría falta crear un nuevo derecho que permitiera cambiar la legislación vigente por la que se convocan elecciones anticipadas.

«Es una situación muy compleja porque todo lo que está sucediendo es inédito y novedoso; nunca se ha visto algo así en el Derecho Español», destacó Ángel Custodio Navarro, haciendo referencia a esta crisis institucional sin precedentes vivida en el Consell de Formentera. Una crisis que este viernes volvió a explotar con la dimisión, todavía no formalizada, de siete de los ocho consellers de Sa Unió: todos ellos renunciaron a sus cargos como miembros de la Junta de Gobierno, vicepresidentes y consellers del equipo de gobierno, pero sin perder la condición de consellers de Sa Unió al mantener sus actas.

De momento, el conseller de Turismo de Formentera, Artal Mayans, es el único que no ha presentado la dimisión de sus responsabilidades de gobierno, aunque desde la coalición esperan que firme la renuncia este lunes. No obstante, según el propio Mayans, sigue «meditando» este posible abandono. «Este próximo lunes haré declaraciones al respecto», explicó ayer a este medio.

Ingobernabilidad
Tras este nuevo giro político, se vuelve a abrir otro escenario de ingobernabilidad y la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. No obstante, el secretario del Consell de Formentera tiene claro que esta opción es demasiado compleja, entre otros motivos, por el «handicap» en contra que tiene el Consell de Formentera al actuar simultáneamente como institución de gobierno, administración y representación de la isla y del municipio, además de ejercer las competencias y las funciones que le atribuyen el Estatuto de Autonomía.

En este sentido, Ángel Custodio Navarro comparó esta casuística con la crisis política acontecida en Marbella en 2006 cuando el Consejo de Ministros designó una Comisión Gestora tras aprobar un Real Decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales», sin embargo, indicó el secretario que, pese a que se convocaron elecciones anticipadas en 2007 tras el escándalo de corrupción política ocurrido en esta ciudad, no se llegaron a celebrar estos comicios porque se logró retrasar tanto esta convocatoria que el tiempo que faltaba para las próximas elecciones municipales en Marbella no sobrepasaba el año. En el caso de Formentera sí que se podría hacer por tiempo, ya que falta más de un año para los siguientes comicios, «pero es un proceso muy complejo debido a la organización de esta institución».

En esta línea, explicó cómo sería el procedimiento a la hora de solicitar estas elecciones anticipadas por parte del Consell del Govern al Ministerio de Administraciones Públicas. Una petición que, según el secretario, después pasaría a manos del Senado, el cual debería calificar si se está vulnerando el derecho de los ciudadanos y si es de interés general dicha convocatoria.

No obstante, adelantó que en este caso no se podría aplicar el artículo 61 por el que se regula las Bases de Régimen Local. Este artículo determina que «el Consejo de Ministros podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».

Cabe recordar que tras el anuncio de dimisión, el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, no aceptó las renuncias de los siete consellers basándose en la ley de Consells. Una normativa que impide a Córdoba nombrar consellers no electos porque en Formentera los vicepresidentes de la institución han de ser electos, a diferencia del resto de corporaciones insulares. Para buscar una alternativa, el secretario del Consell agregó que sería necesario modificar de urgencia esta normativa que tendría que ser aprobada por dos tercios del Parlament balear y, finalmente, contemplar un decreto ley para regular esta materia.