Esto se desprende de una respuesta dada por el equipo de gobierno al portavoz de la oposición, Llorenç Córdoba, en la que solicitaba los «gastos detallados en importe, nombre de los letrados y de los asuntos en litigio respecto a los abogados externos contratados en procedimientos administrativos, laborales y penales que continúan abiertos a día de hoy contra el Consell o miembros del actual o anteriores equipos de gobierno».
Según manifestaron desde la institución insular, habría como mínimo un total de 33 litigios abiertos que han requerido de la contratación de un abogado externo y por los que habrían desembolsado de las arcas públicas un mínimo de 202.000 euros. La mayor parte de este dinero, concretamente 99.980 euros, habrían ido a parar a pagar al abogado que lleva la defensa del expresidente y sus consellers.
A este dinero habría que sumar un nuevo pago realizado en el primer trimestre de 2022 de 12.100 euros al mismo abogado por la contratación de «la segunda fase de defensa del Consell Insular de Formentera, por responsabilidad civil, en el juzgado número 3 de Ibiza», según pone en evidencia el listado de las contrataciones menores realizadas por la institución durante los tres primeros meses del año.
Hay que recordar que este juzgado decretó la apertura de juicio oral contra el ex presidente, Jaume Ferrer, y los ex consellers Sonia Cardona, Bartomeu Escandell y Josep Mayans por los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia y malversación de caudales públicos. Una apertura de juicio oral que conllevaba una fianza para los acusados de 8.027.999 euros con la finalidad de asegurar «las responsabilidades pecunarias y/o civiles que, en definitiva, pudieran interponérseles».
Esta apertura de juicio oral, decretada el pasado 20 de enero, responde a una denuncia presentada por el empresario Leo Stöber, propietario de la mercantil Sunway S.L., en octubre de 2013. Todo se remonta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) del 4 de febrero de 2009 por la que se declaraba nulo el acuerdo municipal de fecha 27 de abril de 2005. En ese acuerdo se concedió licencia de obra a tres edificios de locales comerciales (el Centro Comercial Sant Ferran, conocido como Ca ses Castellones), en un enclave dentro del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de Sant Ferran.
Además del dinero gastado en la defensa de Jaume Ferrer, el Consell formenterés también destinó 19.330 euros a contratar otro letrado para llevar 12 procedimientos relativos a licencias urbanísticas, otros 11.000 a un abogado que llevó tres procedimientos relativos a expropiaciones, 47.000 a otro abogado externo para llevar 12 procedimientos por diversas cuestiones administrativas, 14.792 euros a otro abogado para llevar dos procedimientos de ámbito laboral y, finalmente, otros 10.896 euros a otro letrado distinto también por dos procedimientos de ámbito laboral.
2 comentarios
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mejor dicho nos lo hemos gastado los contribuyentes con el pavo este, maaaaaaneeeeeec cony ja !!!!!!!
,, a parte de ser una gran abogada,, con estos personajes te vas a forrar,, o sencillamente, cualquier abogad@ en el mundo político se forra.