Para los populares, el nuevo trazado es consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas 2/2013, que considera la singularidad morfológica de la isla en su redacción y sigue los criterios técnicos marcados por la ley, consigue devolver las propiedades a los afectados y garantiza la protección del litoral.
Según Mayans, «este deslinde no pretende ni posibilita que se urbanice el litoral de Formentera como han declarado, de forma alarmista, desde GxF y PSOE». En el mismo sentido, José Manuel Alcaraz, declaró que «GxF no ha hecho nada en los últimos años para solucionar el problema del deslinde y ahora que ve próxima su resolución no deja de poner palos en las ruedas para retrasar el proceso y evitar que se apruebe» y añadió que «en relación a la caducidad del expediente, como indicó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, existe un plazo de 24 meses para aprobar el deslinde contado desde la incoación del expediente por parte del Estado, que en este caso fue el 28 de julio de 2015 y hay que recordar que para la tramitación del mismo no es necesario que se realice ningún Informe Ambiental, como algunos reclaman, al no estar contemplado en la ley».
Desde el PP destacaron también que, «en el nuevo trazado se ha aplicado el máximo permitido dentro de la ley de 200 metros de protección en las zonas donde hay dunas semifijas y en otras como es Caló, donde no hay dunas, entendemos que la Demarcación de Costas no habrá visto justificable en este tramo subir la línea de protección más allá de los 100 metros».
Asimismo recordaron que en la zona de ses Illetes y Cavall d'en Borrás, está expresamente prohibida la construcción de nuevas edificaciones al estar dentro del Parc Natural y en Migjorn «si alguna finca quedara desafecta, es responsabilidad del Consell regular su protección con las herramientas que tiene: NNSS, PTI, Red Natura 2000 o zona ANEI».
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